El Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que solicita la paralización del reintegro de varias subvenciones por valor de 474.000 euros concedidas en su tiempo por las consejerías de Economía y la de Empleo a través del antiguo IFA para varias ferias regionales celebras en el municipio y que, después de diez años de su materialización, está siendo reclamada ahora por la Junta de Andalucía.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consistorio solicita la declaración como testigos del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, y de los directores generales del IFA e IDEA, a fin de que aclaren "si hubo solicitudes, convenios y resolución de las ayudas concedidas, si hubo reparos por los técnicos pertinentes en el control jurídico, o si hubo reparos por la Intervención de la Junta o de la agencia al pago, así como advertencias de incoar expediente de reintegro".
También pide que declaren como testigos el exalcalde de Guadalcanal Carmelo Montero, que solicitó las ayudas, para que informe "de los trámites de petición, concesión y si hubo reclamaciones", y el que fuera consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera, para que "aclare la forma de otorgar las ayudas".
El alcalde del municipio, Jesús Manuel Martínez, ha lamentado en una nota de prensa que la Junta de Andalucía "quiera reclamar después de diez años una cantidad que alcanza los 474.576,87 euros, que fueron solicitados por el Ayuntamiento en febrero de 2002 y concedido por la Junta de Andalucía, además de utilizarse para el fin que fueron dados, como ha demostrado el Consistorio".
Por esas razones, Martínez muestra su "sorpresa" ante el hecho de que "la Junta decida ahora, después de no haber hecho nunca nada desde que desembolsó las subvenciones, reclamarle la devolución de ese dinero a este Ayuntamiento cuando aquí se cumplió la legalidad de las mismas".
Por ello, el alcalde ha aclarado que en el recurso presentado argumenta que "los únicos posibles responsables de cualquier irregularidad administrativa o de otra índole sería las consejerías de la Junta y la agencia IDEA (antigua IFA), nunca el Ayuntamiento de Guadalcanal".
