La autodenominada Asamblea Local de Izquierda Unida de Chiclana emprenderá “en los próximos días” medidas legales contra la dirección provincial y regional de la organización izquierdista al entender que se “han vulnerado los derechos fundamentales” de una treintena de militantes de la localidad, al darlos “por expulsados de la formación sin que se les haya abierto siquiera un expediente de expulsión”. Así lo ha anunciado el edil, José Pedro Butrón, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el concejal chiclanero, José Antonio Blanco.
Ambos, a los que IU ya no considera militantes, defendieron su pertenencia a este partido asegurando que no se ha dado ninguno de los motivos de baja que enumera el artículo 6 de los estatutos de la organización. “No hemos incumplido los estatutos por mucho que se diga”, apuntaron. Es por ello, aclaró Butrón, que la Asamblea Local “seguirá funcionando como tal y defenderá sus derechos fundamentales hasta el final”.
Según este edil, las direcciones provincial y andaluza “se han dedicado en los últimos años a quitar del censo a la gente que no les eran afines para ganar la Asamblea andaluza”. Y eso lo han hecho, a juicio de Butrón, “con trampas” e “inventándose un nuevo proceso de reafiliación, que no es legal”.
A este respecto, explica Blanco, “ellos -en referencia a los dirigentes de la organización- dicen que estamos expulsados porque no contestamos a una carta que nos mandaron, en la que poco más o menos nos venían a decir que nos teníamos que reafiliar y pasar por un periodo de purga. Los estatutos no recogen esa reafiliación”.
Butrón aclaró que han decidido recurrir a los tribunales después de no haber obtenido “ninguna respuesta” de la organización a los recursos presentados por la vía interna. A su juicio, esta cuestión debería haberse solucionado internamente, “pero nos hemos visto indefensos”.
Según dijo, aún no tienen claro si recurrirán a la vía civil, “que es lenta”, a la vía contencioso-administrativa o a una vía “ultra rápida para la protección de los derechos fundamentales”.
Con ello pretenden, entre otras medidas, “la suspensión cautelar de la gestora de Chiclana” y solventar “el problema del censo, en el que no aparecen 30 militantes de Chiclana pese a que sobre ellos no consta ningún expediente de expulsión”.
Por otra parte, Butrón mostró su “total desacuerdo” con la postura de la dirección provincial y regional del partido de apoyar una moción de censura en Chiclana. A su entender, el pacto está sólo movido por “los intereses personales de algunos concejales” y por el interés del PSOE de “tapar todo lo que está fluyendo”.