El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga pedirá al equipo de gobierno del PP en el próximo pleno municipal que exija al Gobierno de la Nación que no inicie los expedientes sancionadores sobre las pensiones de los emigrantes retornados no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y cierre de oficio los ya abiertos.
En la iniciativa, los socialistas instarán a reclamar al Ejecutivo la puesta en marcha de "una campaña informativa sobre las obligaciones tributarias de los emigrantes retornados y el tratamiento fiscal de las rentas y pensiones que perciben", así como que "colabore con este colectivo para que puedan regularizar su situación fiscal, prevaleciendo la mesura y la consideración sobre un colectivo que no ha tenido ninguna intención de defraudar a la Hacienda Pública".
La portavoz socialista, María Gámez, que se ha reunido este jueves con representantes de la Asociación de Málaga de Emigrantes Retornados (Asomer), ha denunciado que la Agencia Tributaria ha facilitado a estos ciudadanos "una información equívoca que les ha inducido a error, al considerar como norma general que estas rentas no tenían que ser declaradas en el IRPF", a la vez que ha señalado que se trata de los mayores que emigraron durante las décadas de los años 50, 60 y 70.
Gámez ha destacado la "delicada" situación que vive la mayoría de estos pensionistas, que "carecen de los recursos suficientes para poder realizar las alegaciones pertinentes a las sanciones llevadas a cabo por la Administración tributaria por no haber tributado también en España, además de en los países de acogida".
Para el PSOE, en ninguno de los casos "ha existido intención de defraudar", por lo que es "injusto" las sanciones o multas aplicadas por parte del Ministerio de Hacienda.
En este sentido, ha recordado que el PSOE ya propuso la creación de un servicio de asesoramiento gratuito para los emigrantes retornados de Málaga a través de la formalización de un convenio con el Colegio de Abogados de la capital, con el fin de ayudar y asesorar a los pensionistas afectados por las reclamaciones de la Agencia Tributaria.
El objetivo de la firma de este convenio es, según la portavoz socialista, "facilitar a este colectivo un mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones tributarias, así como el correcto ejercicio de las mismas, posibilitándole la realización de actuaciones destinadas a resolver una situación que en la mayoría de los casos es de muy difícil solución sin un correcto asesoramiento jurídico".
Así, Gámez ha precisado que, según un informe de la Junta de Andalucía, "cada año regresan a la Comunidad unos 4.200 emigrantes, de los que un 55 por ciento retorna a Málaga, convirtiéndola en la mayor receptora de Andalucía".
Por último, ha demandado al Gobierno que sea "sensible" ante la situación de cientos de malagueños que han retornado a su Comunidad y que siempre han realizado sus obligaciones tributarias de acuerdo a la información que les había sido suministrada, sobre todo después de haber puesto en marcha "una amnistía fiscal, con un tratamiento favorable hacia aquellos ciudadanos que durante años no declararon sus rentas y patrimonios".