Un informe elaborado por una perito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revela que la empresa Promociones Cavifer S.L., en la que uno de sus socios es el hermano del actual alcalde de Gójar (Granada), el 'popular' Francisco Javier Maldonado, obtuvo un total de 321.350 euros de beneficios tras firmar un convenio con el Ayuntamiento para la construcción en el municipio de 19 viviendas, locales y aparcamientos, y la apertura de un vial en la calle San Luis.
Esta prueba pericial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha unido ya a la causa que investiga por este asunto el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, contra el regidor, su hermano, el secretario del Ayuntamiento y un funcionario municipal, y por la que ya se ha abierto procedimiento abreviado, dejando a los acusados a un paso del juicio oral.
Según la experta, lo construido por la promotora excedió además la edificabilidad permitida por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que recomienda una indemnización al Ayuntamiento, a lo que se suma que la empresa no ha concluido la urbanización de la calle de nueva apertura, lo que le correspondía según el convenio firmado.
La investigación, que se inició en 2007, fue abierta tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra la administración pública tipificado como tráfico de influencias, después de que Maldonado participara en la firma del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L, con su hermano como socio.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2005, cuando el alcalde, Francisco Javier Maldonado, aprobó la firma de un convenio urbanístico, "sin la publicidad legalmente exigida", y "en perjuicio de las arcas municipales", ocultando la relación entre el alcalde y su hermano Fernando, uno de los administradores mancomunados de la mercantil firmante Construcciones Cavifer S.L.
Para aprobar el convenio, el alcalde organizó la emisión de un informe jurídico favorable, creando "una ficción urbanística" en la que Cavifer obtenía la gratuidad total de todas las tasas municipales de la operación urbanística, según la denuncia de la Fiscalía.
Al amparo de dicho convenio, supuestamente ilegal, el alcalde concedió a Cavifer la licencia de obras para construir 19 viviendas y locales comerciales, a pesar de que el técnico municipal había informado de la imposibilidad de conceder tales licencias y de que la por entonces secretaria del Ayuntamiento había advertido de irregularidades. A raíz de ello, el alcalde nombró a un nuevo secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, anulado años después por el Consejo Consultivo, y le concedió la licencia de obra, según han informado a Europa Press fuentes del caso.