Las ocho personas que fueron detenidas el pasado miércoles en la macro operación contra la mafia rusa que se realizó en Mallorca han pasado este sábado a disposición judicial, si bien se encuentran en los calabozos a la espera de ser interrogados por la titular del Juzgado de Instrucción número 12, María del Carmen González, quien se encuentra en funciones de guardia, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.
Estas personas fueron detenidas como presuntas responsables del blanqueo de capitales procedente de las actividades ilícitas que llevaba a cabo en la isla la organización criminal rusa conocida como 'Taganskaya'.
Esta operación, que fue coordinada por Europol, se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.
Cabe recordar que la investigación se inició hace más de 20 meses, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales del principal sospechoso de la trama, Alexander Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el 'Hotel Mar y Pins', quien cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.
Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que la organización criminal 'Taganskaya' estaba utilizando España para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. Romanov es una "pieza clave en este esquema" y ha sido "auxiliado" por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales, indicó el Instituto Armado.
Además de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda pública y falsedad documental, la Guardia Civil investiga otros indicios que apuntan a la comisión de otros delitos por parte de los detenidos, como el de contra el derecho de los trabajadores, revelación de secretos, coacciones y tráfico de influencias.
La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma y por la Fiscalía Anticorrupción. Se llevó a cabo por agentes de los Servicios Centrales de Información de la Guardia Civil, quienes contaron con la colaboración y apoyo de funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de distintos servicios policiales extranjeros.