El PSOE de Granada ha exigido responsabilidades al alcalde de Gójar (Granada) y diputado provincial del PP, Francisco Javier Maldonado, por favorecer, supuestamente, los negocios de la empresa inmobiliaria de su hermano, a la que dispensó presuntamente un trato de favor que, según un peritaje judicial, le reportaron un beneficio extra de más de 321.000 euros.
El diputado provincial socialista Miguel Ángel Gamarra ha realizado estas afirmaciones tras publicarse el informe de la perito judicial sobre los beneficios de la operación para la empresa de la familia del alcalde.
En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha recordado que el regidor de Gójar está acusado de un supuesto delito contra la administración pública, tipificado como tráfico de influencias, por promover la firma del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L, que es de su hermano, en "perjuicio de las arcas municipales y ocultando la relación entre el alcalde y su hermano Fernando", uno de los administradores mancomunados de la inmobiliaria.
Los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada "evidencian", según Gamarra, que "el alcalde organizó la emisión de un informe jurídico favorable y creó una ficción urbanística de la manera más burda posible para que la empresa de su hermano obtuviera la gratuidad total de todas las tasas municipales".
También ha recordado que la agrupación local del PSOE de Gójar se personó en la causa tras detectar que el convenio urbanístico que el alcalde firmó con la empresa de su hermano "carecía de la más mínima legalidad" y, pese a ello, concedió la licencia de obras para construir 19 viviendas y locales comerciales cuando los técnicos municipales habían advertido de la existencia de irregularidades. "El alcalde desoyó las advertencias de la secretaria municipal y nombró un nuevo secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, que fue anulado años después por el Consejo Consultivo", ha indicado Gamarra.
A su juicio, el regidor de Gójar y el máximo responsable del PP de Granada, Sebastián Pérez, que "utiliza fondos públicos para venderse como el rey de la transparencia", deben explicar los "chanchullos" que permitieron al alcalde que la empresa de su hermano convirtiera "de la noche a la mañana y por arte de birlibirloque ladrillos en billetes" para obtener "unos beneficios obscenos a costa de esquilmar a las arcas públicas".
El diputado provincial socialista ha recalcado que el 'caso Cavifer' ha colocado al alcalde de Gójar "a un paso del banquillo de los acusados". "No ha sido por los descomunales beneficios que obtuvieron muchas promotoras durante el boom inmobiliario sino porque el alcalde ocultó que las relaciones familiares con una empresa a la que benefició a sabiendas de que firmaba un convenio ilegal, porque así se lo indicaron en tiempo y forma los técnicos", ha añadido.
Según Gamarra, el alcalde "pudo haber incurrido en un supuesto delito de negociación o actividad prohibida a los funcionarios público y en un abuso en el ejercicio de sus funciones como regidor" porque, "pese a las advertencias de los técnicos, firmó el convenio con la promotora de su hermano y concedió la licencia de obras en un plazo récord de 15 días".
El representante socialista ha señalado que el "pelotazo urbanístico" propiciado por el alcalde "lesiona los intereses municipales" para favorecer a la empresa de su hermano, a la que condonó la tasa de licencias de obras además de calificar como suelo urbano una parte del solar que no lo era.
Por último, el diputado también ha considerado que el presidente del PP ha amparado esos "tejemanejes" y se ha preguntado si su apoyo al alcalde de Gójar, que se va a sentar en el banquillo, "tiene alguna relación con las turbias cuentas de ese partido".