El comité ejecutivo local del PP de Atarfe (Granada), compuesto por 13 miembros, entre ellos el presidente, José Manuel Aranda, y la secretaria general del partido a nivel local, María Carmen Osuna, ha presentado su dimisión en bloque por discrepancias con la dirección provincial del partido, que preside Sebastián Pérez.
En un escrito entregado este mismo jueves ante la sede del PP en Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, desgranan los doce motivos que les han llevado a adoptar esa decisión, que tomaron en la noche de este miércoles, y que están relacionados fundamentalmente con la falta de respuesta del partido ante las alertas de los 'populares' atarfeños sobre la actitud de dos de sus ediles en el Ayuntamiento, a las que acusan de haber roto en "reiteradas" ocasiones la disciplina del partido, votando incluso a favor de las propuestas del PSOE, que gobierna en el municipio.
Sus quejas se remontan al 13 de abril del pasado año, cuando la entonces secretaria general del PP en Granada, Luisa García Chamorro, se reunió con estas dos concejales "díscolas", Silvia Rodríguez Pérez y María Carmen Contreras, "sin conocimiento de la dirección local del PP en Atarfe".
Siete días más tarde, el comité ejecutivo solicitaba la dimisión de Contreras, después de la imputación de su marido en el conocido como caso 'Mercamed', en la línea del criterio del propio partido con respecto a este asunto en el caso de la pareja del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, pero esa solicitud "nunca fue tenida en cuenta", a pesar "de la incongruencia que esto suponía".
Ya el 30 de abril el PP de Atarfe vuelve a informar en la sede provincial del partido de que las dos concejales estaban "perjudicando" a la formación con supuestas injurias y calumnias, una actitud que, según señalan en el documento presentado y dirigido a Sebastián Pérez, sólo se puede entender "porque sentían el apoyo y respaldo de algún miembro de la organización provincial".
El 6 de agosto, la secretaria general del partido en la localidad requiere a las ediles que justifiquen "una serie de salidas monetarias de la cuenta del grupo municipal", sin que esta cuestión "haya levantado el mínimo interés" por parte de la dirección provincial.
Es el 3 de diciembre cuando con un nuevo escrito comunican la "indisciplina de voto" en la que venían incurriendo "de forma reiterativa en los plenos municipales" las dos concejales, que además "pactaron" con el PSOE la destitución de sus propios compañeros ahora dimisionarios en las juntas generales de las empresas municipales Acidesa y Proyecto Atarfe.
En el mes de marzo de este año, recuerdan en su escrito, el Comité Ejecutivo Provincial abre expediente disciplinario a ambas ediles, pero ese expediente "parece no haber salido nunca de Granada", lo que podría haber dado lugar a la prescripción del mismo.
El 16 de mayo apareció en los medios de comunicación la denuncia del militante del PP Gonzalo Aivar, un empresario, esposo de la concejal Mª Carmen Contreras, que acusó a la dirección del PP en Atarfe de financiar ilegalmente la campaña electoral municipal de 2011, involucrando "de forma consciente y maliciosa" a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría.
"LA GOTA QUE COLMA EL VASO"
"La gota que colma el vaso" es, según indica el comité ejecutivo dimisionario, que, pese a que esa denuncia motivara una investigación de la Fiscalía que después fue archivada, el PP no ha querido sancionarlo por esa "denuncia falsa e infundada", pese a la solicitud en ese sentido que los 'populares' de Atarfe presentaron el 7 de octubre.
"No podemos admitir pues que casos como estos queden impunes, que se incumplan los estatutos del partido sin más consecuencias, que se trate de sembrar la mentira, la injuria y hasta la calumnia por parte de estos militantes, sin que nadie mueva un dedo o peor aún, ofreciendo sólo un espejismo", sostienen.
Por ello, los hasta ahora miembros del comité entienden que tienen que ser "coherentes" con sus principios "políticos y personales" y dimiten de sus cargos orgánicos, pero los que tienen responsabilidades municipales, como es el caso de Aranda y Osuna, mantendrán sus actas de concejales en el Ayuntamiento de Atarfe.