El portavoz de IU en el ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha lamentado que el gobierno de Juan Ignacio Zoido haya aprobado solicitar a la Administración autonómica la aprobación definitiva de modificaciones puntuales del planeamiento urbano como la recalificación de la parcela de la antigua comisaría de la Gavidia para que albergue una gran superficie comercial o la supresión de la prohibición de construir aparcamientos rotatorios en el casco histórico. En su opinión, esto supone la "subversión definitiva" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del modelo de ciudad "participativo y sostenible que había"
En rueda de prensa, Torrijos ha advertido que esa solicitud a la Junta pretende justificar la "incapacidad e inacción que tiene Zoido para ofrecer a los ciudadanos alternativas para mejorar la calidad de vida de la gente y sustenta esa incapacidad en que la Junta, según él, le imposibilita la actividad".
Así, advierte de que ha sido aprobada esta medida por parte del Ayuntamiento "a sabiendas de la manifiesta ilegalidad" de su propuestas, procurando crear "un conflicto con la Junta para que parezca que Zoido no es que sea incapaz de hacer nada, sino que la Administración andaluza no le deja". "Zoido quiere recuperar el carácter especulativo del suelo que fue origen de la crisis que se está sufriendo ahora", lamenta.
De este modo, ha advertido que el objetivo "central" de Zoido era la "subversión" del PGOU y "esto lo confirma", tras recordar que ya se solicitó la puesta en marcha de la mesa de seguimiento del plan desde 2011. Insiste en que se puede "discutir" alguna modificación ante los "cambios de escenario" que se puedan estar produciendo, pero asegura a través de esa mesa debería ser "analizado por la ciudad".
"Se consiguió la constitución de la mesa en marzo de 2013, pero se plantea la contratación de una comisión de expertos, que costará dinero y es innecesario el gasto al haber ya una comisión, mientras coquetea con modificaciones puntuales que siempre han tenido el rechazo de IU y de organismos legales que han de dar el visto bueno a esas subversiones", sentencia.