Si el pasado año judicialmente hablando fue uno de los más intensos que se recuerdan por los juicios del ERE municipal y del ‘caso asesores’, que se saldó con una condena a 4 años y medio de cárcel para el ex alcalde Pedro Pacheco, el 2014 promete escribir capítulos todavía más vinculantes en el episodio de tribunales por presuntas irregularidades atribuidas a la gestión en el Ayuntamiento. De este modo, si hay una instancia, en este caso la última, en la que estén depositadas todas las vistas esa es el Supremo, ya que el Alto Tribunal tiene que decidir sobre los recursos interpuestos contra el fallo del ERE y la sentencia inculpatoria de Pacheco. Además, en el centro de la diana también estará en 2014 y en hasta tres causas distintas la ex alcaldesa socialista y ex socia de Gobierno de Pacheco, Pilar Sánchez, a la que este año le tocará sentarse en el banquillo de los acusados.
En los tres juicios se cuestionará su actuación en temas de competencia municipal como la contratación de personal de confianza, (‘caso asesores’), la presunta concesión de ayudas a una empresa para instalarse en el PTA (‘caso PTA’), y el desvío de los fondos del Plan E. En todos estos casos, se enfrenta a penas de cárcel desde los tres años en adelante, si bien en la causa de los asesores, a diferencia de Pacheco, no se han personado ni la Fiscalía ni el Consistorio.
Como ya ocurrió con el ex concejal de Foro Ciudadano, el cruce de denuncias a las que ha dado lugar las de sobras conocidas desavenencias entre los que una vez gobernaron en la coalición PSOE-PSA, (no hay que olvidar que la investigación del caso asesores se inició a raíz de una denuncia en Fiscalía de Sánchez), le salpican ahora a la socialista, de la que Pacheco se “vengó” contratacando con una nueva versión del ‘caso asesores’.
Un ‘divorcio’ en toda regla
El proceso surgió de una denuncia de este último, que ejerce la acusación particular, por la supuesta contratación irregular de asesores y personal de confianza en la etapa de 2005-2011. Esta causa se juzgará en cuestión de una semana, ya que se celebrará durante cinco días desde el 13 de enero. Aunque inicialmente se llegaron a cuestionar 32 contrataciones, finalmente la juez ha mantenido sus sospechas para cinco de ellas. La socialista se enfrenta a una petición de 23 años y ocho meses de prisión por presuntos delitos de prevaricación y malversación continuada de caudales públicos solicitados por la acusación particular, mientras que la Fiscalía no ha presentado cargos ni tampoco el Ayuntamiento jerezano. En el juicio será defendida por el prestigioso abogado Juan Pedro Cosano, mientras que Pacheco, tras la ruptura en los últimos meses con Felipe Meléndez, su letrado de confianza de los últimos años, ha recurrido a otro peso pesado en la abogacía como es Manuel Hortas.
Aunque Meléndez nunca quiso entrar en polémica, parece ser que su estrategia en el ‘caso asesores’, que no consiguió librar al ex alcalde de la condena, ha sido el detonante de este ‘divorcio’. De hecho, aunque se comprometió a continuar al frente del recurso interpuesto en el Supremo, que él mismo presentó, finalmente Pacheco ha recurrido a un reconocido abogado de Madrid para que le represente en este asunto. Además, el ex concejal de Foro también tiene pendiente el juicio por la venta de la antigua estación de autobuses, del que tampoco hay aún fecha.
Recapitulando las vistas orales a las que se enfrenta Sánchez, previsiblemente la segunda de ellas puede llegar antes del verano. Se trata del ‘caso PTA’, en el que a la actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales se le han complicado y bastante las cosas. Ella y parte de su equipo de Gobierno tendrán que responder ante las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA). El fiscal le pide siete años de prisión y 17 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y fraude en la Administración por la concesión de una subvención pública de 244.00 euros a una empresa para que se instalara en el PTA.
La tercera causa para juzgarse en 2014 es la relacionada con el desvío de los fondos del Plan E por la que el juzgado le ha impuesto una fianza de 11,4 millones. Esta investigación surgió a instancias de una denuncia del Gobierno local del PP en julio de 2011, cuando tras tomar posesión detectaron posibles desfases de hasta 8,6 millones. Sánchez, que está imputada por un presunto delito prevaricación y otro contra la Hacienda, insiste en que “no se ha llevado un céntimo”, defiende que el desvío se hizo para afrontar gastos municipales como el pago de nóminas, y denuncia ser víctima de una “persecución”.
El Supremo podría resolver el recurso del ERE este mes
Previsiblemente el Tribunal Supremo dará su última palabra sobre el recurso a la sentencia del ERE dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a lo largo del presente mes. Si bien este fallo judicial alimentaba la esperanza de los 260 afectados por el ERE del Ayuntamiento de poder anularlo en esta nueva instancia al considerar que el expediente de regulación de empleo “no se ajustaba a derecho”, el contenido del informe del Ministerio Público que adelantó este periódico ha hecho que despidan el año “con mal cuerpo”. En dicho escrito, el fiscal solicitaba al Supremo que el caso vuelva al TSJA para que se pronuncie sobre la existencia o no de causa económica.
No en vano, dicho informe no es vinculante, y los sindicatos en este sentido son tajantes y animan a ser optimistas y basarse en las últimas sentencias al respecto en otros puntos del país, pero más de uno empieza a pensar ya que ahora es más complicado que se declare la nulidad del procedimiento. No obstante, teniendo en cuenta que es el juez el que en última instancia es el que tiene que decidir, desde el comité de empresa han mandado por activa y por pasiva un mensaje de tranquilidad a los ex trabajadores municipales.
Sin embargo, el llamamiento a la calma no hace más que encontrarse con interferencias en las últimas semanas. La última se produjo hace apenas 15 días cuando se conoció que la sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) no ha admitido las pruebas presentadas por la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) que trataban de evidenciar que el Ayuntamiento incumplió el Plan de Ajuste Económico, incrementando con ello el gasto y, en consecuencia, quedando injustificado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pudiera sustentarse en la causa económica.
En enero puede haber novedades en Onda Jerez
Por otra parte, el comité de empresa de la radiotelevisión pública Onda Jerez sigue inmerso en las negociaciones con el Gobierno local. Unas conversaciones que este mes pueden derivar en importantes novedades. Según ha podido saber este medio, en estos momentos la propuesta del comité pasa por intentar negociar bajas incentivadas, que supondrían ofrecer una indemnización “razonable” a los trabajadores que quisieran marcharse voluntariamente, lo que mitigaría en cierta medida el impacto del ERTE al que se acogerá la plantilla, evitando que fuera demasiado drástico. La plantilla actual cuenta con 70 trabajadores que llevan varios años pendientes de su futuro
