El Tribunal de Cuentas tiene la intención de examinar este año el plan de prevención del fraude fiscal acometido por el Gobierno y el control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, ha anunciado a Europa Press el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda.
Estas auditorías se incluirán en el programa de fiscalizaciones para 2014 que el Tribunal de Cuentas aprobará en próximas fechas y en el que se recogen tanto sus exámenes obligatorios anuales (como los que afectan a los partidos políticos y la Cuentas General del Estado), como las peticiones que le llegan desde las Cortes o los controles que la institución realiza 'motu proprio'.
Álvarez de Miranda ha apuntado que entre estos trabajos por propia iniciativa figurarán las fiscalizaciones relativas a materias como "los planes de pago a proveedores, el control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, el plan de prevención del fraude fiscal o las actuaciones de los órganos de supervisión del sistema financiero".
NO PUEDE FISCALIZAR A LOS SINDICATOS DIRECTAMENTE
Lo que no puede hacer es examinar directamente las cuentas de los sindicatos o de las organizaciones empresariales como sí hace con los partidos políticos y sus fundaciones, ya que no tiene mandato legal para ello. Eso sí, su fiscalización puede hacerse "en su condición de perceptores de subvenciones o ayudas públicas".
También es posible fiscalizar, y de hecho así ha ocurrido en los últimos años, determinadas entidades públicas en las que participan tales organizaciones o que les concedan subvenciones, como el Consejo Económico y Social o la Fundación Tripartita para el Empleo. De hecho, en recientes informes sobre el CES ya detectó deficiencias por ejemplo en el cobro de dietas por parte de los agentes sociales.
Tras cumplir algo más de un año al frente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda hace balance destacando que la institución ha hecho "un gran esfuerzo para ponerse al día en todas sus actuaciones, tanto fiscalizadoras como de enjuiciamiento, gracias en gran medida al trabajo desempeñado por el personal, principal activo de la organización, que sufre las dificultades que afectan al conjunto de los empleados públicos".
Si en los últimos ejercicios lo habitual era aprobar entre 33 y 34 informes al año, en 2013 se ha cerrado con 59 fiscalizaciones, lo que considera "in incremento muy significativo". Además, "se está haciendo especial hincapié en la modernización de los procedimientos del Tribunal de Cuentas y en la máxima transparencia y austeridad en todas nuestras actuaciones". "Existen dificultades que afectan al funcionamiento del Tribunal --admite--, pero la voluntad es responder con eficacia a las demandas de la ciudadanía y mejorar el prestigio de nuestra institución".
"ESFUERZO EXTRAORDINARIO" PARA PONERSE AL DÍA
Uno de sus hitos ha sido ponerse al día en la fiscalización de las cuentas ordinarias de los partidos políticos y sus fundaciones, tras aprobar de golpe los exámenes de los años 2009, 2010 y 2011, lo que ha supuesto, según el presidente, "un esfuerzo extraordinario" para el que ha habido que reforzar temporalmente la unidad de control de partidos políticos con personal procedente de otras áreas. Su objetivo es que no se vuelvan a producir retrasos como los que han tenido lugar en periodos recientes.
"Somos conscientes de la situación producida con ocasión de la elaboración de los últimos informes sobre la contabilidad ordinaria de los partidos (no así los relativos a su financiación electoral), que presentaban un elevado retraso, por lo que existe la voluntad decidida de que los informes sean aprobados en plazo o bien, en su defecto, sin retrasos significativos, para lo cual se están adoptando las medidas organizativas y de personal oportunas --explica--. En todo caso, la voluntad es que todos los informes que elabora el Tribunal, se refieran o no a partidos políticos, se aproximen en la medida de lo posible al periodo objeto de fiscalización y no se demoren en su tramitación y aprobación".
