La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se ha quitado la máscara con la que estaba tratando el asunto de las monitoras administrativas de los centros públicos y a pesar del “encaje legal” que anunciaba hace escasas fechas la Consejera de Hacienda y Administración Pública María Jesús Montero que les estaban buscando desde la Junta a este colectivo que suma 92 trabajadores en Cádiz y casi un millar en Andalucía, se ha demostrado que todo era una cortina de humo que dejará a 1031 colegios sin servicio hasta que se complete la oferta de empleo público con la que se sustituirán a estos trabajadores andaluces.
Por ello, las monitoras administrativas han convocado para las 10.30 horas de hoy una concentración para protestar por la situación en la que se encuentran ante la Consejería en Sevilla. De Cádiz acudirán a la protesta unas 60 de las 92 personas que integran el colectivo, unas 400 del conjunto regional.
Y todo porque la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha el procedimiento para dotar de personal de apoyo administrativo a los colegios de Infantil y Primaria, cuya oferta de empleo público se hará a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) antes de que comiencen los trámites de escolarización y reducir las cargas burocráticas de los equipos directivos de los centros.
El plan de choque anunciado por la Junta recoge que el personal se seleccionará mediante Oferta Genérica al SAE exigiendo los requisitos de titulación que, para la categoría de monitor escolar, recoge el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía y el Acuerdo de Titulaciones de 2005, según el cual y en el mejor de los casos, solamente 16 de las 92 monitoras administrativas gaditanas lograrían el regreso a su puesto de trabajo, solamente unas 130 en el conjunto de Andalucía.
Así, “la Junta pone como excusa la falta de unanimidad de las centrales sindicales en la negociación, cuando como para cualquier tipo de acuerdo bastaría con la mayoría” señala Esther Porquicho, portavoz en Cádiz de este colectivo de trabajadores en lucha, la cual añade que “se trata del segundo anuncio del plan de choque que se paralizó el pasado mes de diciembre para tratar de encontrar un encaje legal que permitiera la opción a concurrir en la oferta a las entre 900 y 1000 trabajadoras y trabajadores que desempeñábamos estos puestos subcontratados y en condiciones de absoluta precariedad e ilegalidad desde 2006. Tras sendas resoluciones de las Inspecciones de Trabajo de Cádiz y Córdoba en las que se constataba la existencia de una “cesión ilegal de trabajadores” entre las empresas subcontratadas y la Consejería de Educación, la Junta lo que pone en marcha con la activación de este plan es esconder debajo de la alfombra más de siete años de sueldos de miseria, unos 4 euros la hora sin fines de semana ni vacaciones, impagos, fraude de ley en los contratos, incumplimientos, abusos, sobreexplotación e irresponsabilidad por parte de los sindicatos”.
Porquicho recuerda que con el anuncio llevado a cabo por el Departamento que encabeza Luciano Alonso, los compromisos que en su día adquirieron con su colectivo no sólo la Consejería de Educación, sino también la de Administraciones Públicas, la presidenta de la Junta Susana Díaz, su vicepresidente Diego Valderas o Izquierda Unida, “hoy se han convertido en mentiras”.
