Un juez ha abierto diligencias contra el inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Huelva para dirimir si pudo incurrir en un delito de falso testimonio en el juicio contra los miembros de una banda que suministraba seguridad a narcos para introducir hachís en España.
La apertura de estas diligencias se produce después de que el pasado mes de noviembre L.G.M. el acusado de dirigir esa banda, lo denunciara tras quedar, como el resto de procesados, absuelto al declarar la Audiencia deHuelva nulas las escuchas telefónicas realizadas por la UDYCO.
Según han confirmado a Efe fuentes judiciales y ha avanzado www.diariodehuelva.es, ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva el que ha decidido abrir diligencias al entender que el inspector de Policía "podría haber incurrido en infracción penal", por lo que se está a la espera de que sea citado para prestar declaración en sede judicial.
Los hechos que han motivado este procedimiento y que se exponían en la denuncia, están relacionados con la comparecencia como testigo del inspector en el juicio celebrado por esta causa en noviembre de 2012, al considerar el denunciante que el inspector jefe "mintió, en acto de juicio, en calidad de testigo, y tras jurar decir verdad".
Y es que pese a que mantuvo "de forma tajante y reiterada" de que no tuvo conocimiento de otra investigación estrechamente ligada a la de la causa, llevaba a cabo por la misma unidad, la propia documental presentada en el acto del juicio por el fiscal confirmaba que sí sabía de ella.
Por ello, considera que el agente perseguía, con su falso testimonio, "evitar poner en conexión ambas investigaciones", ya que la que aseguraba desconocer había sido anulada por vulneración de preceptos constitucionales, y ello para "intentar perjudicar deliberadamente" a L.G.M.
En la denuncia consta también como denunciante M.T.M. pareja sentimental de L.G.M. cuando se desarrolló la operación judicial quien considera que el agente podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos.
Esta mujer cuando fue detenida por su implicación con esta banda fue enviada a la cárcel con carácter provisional abandonando la misma al cabo de unos meses.
Según exponía en la denuncia, el inspector, desde el mismo momento de su puesta en libertad, la requirió para mantener entrevistas con él y en varias ocasiones el denunciado le informó que "había visionado varios vídeos, de contenido claramente íntimo con el que fuera su pareja, L.G.M., que se encontraban en uno de los aparatos intervenidos, unos vídeos que nada, absolutamente nada, podían aportar a la investigación", y otros de éste con otra mujer.
Asegura la denunciante que los comentarios se los hizo "de forma despectiva y dándole un trato humillante y vejatorio".