La juez Mercedes Alaya ha rechazado las peticiones de libertad planteadas por dos de los tres encarcelados en el marco de la segunda fase de la operación 'Madeja', en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.
En esta segunda fase de la operación 'Madeja' realizada el pasado mes de diciembre, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ordenó el ingreso en prisión del administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baró; del exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, y del capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, a quien impuso una fianza de 150.000 euros para poder eludir la prisión que no pudo abonar.
Al hilo de ello, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha rechazado los recursos interpuestos por Francisco de Amores y Francisco Luis Huertas contra el auto de prisión, aunque en el caso de este último le he rebajado la fianza para poder salir de la cárcel de 150.000 a 60.000 euros, tal y como adelanta 'El Correo de Andalucía'.
De su lado, la Audiencia Provincial de Sevilla no se ha pronunciado por el momento sobre el recurso de apelación contra el auto de prisión presentado por el administrador único de 'Fitonovo', recurso en el que el letrado del imputado pedía su libertad alegando que la orden de ingreso en prisión no señalaba riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sino "peligro de reiteración delictiva", extremo que el abogado descarta absolutamente porque dada la proyección de esta causa judicial y su impacto en los medios de comunicación, "ya nadie quiere contratar con 'Fitonovo".
La operación 'Madeja', actualmente bajo secreto y que ha sido desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron en prisión tres, quedando en libertad sin fianza el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.
Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.
CONTABILIDAD 'B'
En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.