El portavoz socialista del Ayuntamiento hispalense, Juan Espadas, ha defendido este martes que el edificio correspondiente a los números 5 y 6 de la plaza de la Encarnación, de titularidad municipal, sea destinado a la creación de viviendas sociales según lo previsto en el anterior mandato y ante la "urgente" demanda de este tipo de viviendas, toda vez que el Gobierno municipal del PP prevé enajenar el inmueble en cuestión.
Espadas ha visitado este martes el edificio correspondiente a los números 5 y 6 de la plaza de la Encarnación. Este edificio fue ocupado ilegalmente en 2005 por un colectivo ciudadano mientras el Consistorio iniciaba un procedimiento de expropiación forzosa contra la inmobiliaria que ostentaba la titularidad del inmueble a cuenta del incumplimiento de su deber de conservación, pues las viviendas en cuestión presentan un claro deterioro. Después de que el edificio fuese expropiado por el Ayuntamiento, el 13 de febrero de 2006 una gran operación policial culminaba con el desalojo de las cerca de 60 personas que estaban ilegalmente instaladas en estas viviendas.
El Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE e IU-CA, anunciaba poco después que las viviendas del edificio serían destinadas al realojo de inquilinos desahuciados o víctimas de los abusos inmobiliarios y, a tal efecto, fue acordado destinar 2,95 millones de euros para rehabilitar el inmueble e incluso la empresa 'Vorsevi Ingeniería y Control de Calidad' fue contratada por 20.764 euros para elaborar un informe previo. Mientras las viviendas siguen esperando su rehabilitación, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense celebra este miércoles una sesión de su consejo de gobierno con un orden del día en el que figura la convocatoria de un "concurso abierto" para ofertar el "derecho de superficie" de dicho inmueble, según la documentación recogida por Europa Press.
ESPADAS TEME QUE SEA "MALVENDIDO"
Dado el caso, Juan Espadas ha lamentado que este edificio expropiado años atrás por un precio de aproximadamente 4,8 millones de euros sea "malvendido" y se renuncie, además, a la incorporación de las "31 viviendas sociales" proyectadas en este espacio. Y es que, según Espadas, el Ayuntamiento cuenta actualmente con 151 viviendas sociales y son más de 700 las personas que reclaman una vivienda de esta naturaleza a cuenta de sus problemas socioeconómicos. En ese sentido, ha considerado "incomprensible" que 21 de estas 151 viviendas sociales sigan "vacías" pese a la "urgente" demanda de las mismas y el número de solicitantes.
Al respecto, ha manifestado que los socialistas promueven unas "enmiendas" al presupuesto general del Ayuntamiento para 2014, para que la ciudad cuente con unas "400 o 500 viviendas sociales" gracias a la conservación del edificio de la plaza de la Encarnación para la creación de 31 viviendas sociales, la reserva para este fin de las viviendas del palacio del Pumarejo, de titularidad municipal y que lleva años y años esperando su restauración, un buen "porcentaje" de viviendas de esta naturaleza en la promoción de VPO proyectada sobre el barrio de infraviviendas de Guadaíra o la transformación en viviendas sociales de algunas de las más de cien VPO aún libres en la promoción de vivienda pública de Nuevo Amate.
En cuanto a las cinco familias que han ocupado varias de estas 220 viviendas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas protegidas conocidas como Nuevo Amate, Espadas ha reconocido que se trata de una ocupación "ilegal" porque estas personas carecen de relación con las viviendas en cuestión, pero ha puesto matices sobre la mesa.
LAS FAMILIAS DE NUEVO AMATE
Pero, mientras el Gobierno municipal del PP esgrime que dos de estas familias jamás han contactado con Emvisesa para reclamar una vivienda protegida y las restantes sólo remitieron cartas para interesarse por el procedimiento reglado pero no llegaron a formalizar los trámites de dicho procedimiento, Espadas asegura que la versión del gabinete municipal es directamente "falsa". Según avisa, las familias cuentan con "escritos que justifican su solicitud ante Emvisesa y su consideración de demandantes de VPO y de viviendas sociales". "Están allí de manera ilegal pero pidieron formalmente a Emvisesa una vivienda", ha enfatizado.