Más de 40 trabajadores del Ayuntamiento hispalense, convocados por los cinco sindicatos con representación en esta institución; CCOO, UGT, CSI-CSIF, el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) y el Sindicato Profesional de Policía Municipales de España en Sevilla (Sppme), han celebrado este miércoles una protesta a las puertas del Consistorio a cuenta del pleno extraordinario que se celebraba en su interior.
La protesta surge a cuenta de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Dicha normativa, entre otras cosas, está destinada a "evitar duplicidades de competencias" entre las administraciones, "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".
Así, y por ejemplo, esta nueva regulación impide "la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico o un plan de ajuste" y "suprime monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes", reservando al Estado "las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales".
Pero como ha explicado a Europa Press Juan Antonio Medina por parte de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento hispalense, el Gobierno local de Juan Ignacio Zoido, a la hora de sopesar cómo aplicar la nueva regulación, "no la está aplicando directamente sobre sus cargos directivos y electos, pero sí lo hace con determinados servicios municipales que están siendo paralizados", extremo que le ha llevado a mencionar el caso de las tres escuelas taller cuyo inicio ha sido paralizado al impedir la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que el Ayuntamiento sufrague con sus fondos la equiparación del sueldo de los 18 monitores con los salarios del convenio colectivo del propio Consistorio.
En diversos servicios municipales, según Medina, median órdenes para que "no se realice ningún tipo de programación" a la espera de esclarecer la incidencia real y efectiva de la nueva regulación. "Hay mucha incertidumbre", dice Medina.
La sección sindical de CCOO, de su lado, avisa de que el pasado día 31 de diciembre de 2013 fue consumado el cese de los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla contratados para la atención a las personas en situación de dependencia, con lo que "miles de personas mayores y discapacitados han quedado desatendidos". CCOO defiende que el 16 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una consignación de 740.497 euros para financiar las actuaciones en materia de dependencia en la ciudad de Sevilla, con lo que "no existe impedimento legal ni jurídico alguno para poner en marcha dicho programa".