El pasado mes de julio cuatro familias onubenses, a las que tiempo después se unió una quinta, decidieron poner fin a su marginal situación y a la falta de recursos para pagarse un techo okupando un bloque de la Avenida San Antonio, en la barriada del Huerto Paco de la capital onubense. “Lo limpiamos y lo arreglamos para habitarlo porque eran viviendas vacías que se estaban usando de picadero, y decidimos vivir allí”, resume Delia Pérez, una de las afectadas. Este jueves fue su último día allí.
A las diez de la mañana, agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden judicial por la que las cinco familias, que okupaban el piso por planta que tiene el bloque, fueron desalojadas, iniciando un nuevo capítulo de una odisea que sólo ha tenido siete meses de tregua. Así, una vez que la mañana del miércoles ya intentaron desalojarlas, pero les dieron un día para organizar el desalojo, comenzaron a sacar parte de sus enseres y afrontar el día pensando dónde pasar la noche.
Son seis adultos, todos mujeres, con otros tantos menores a su cargo los que se quedaron sin techo, ya que a pesar de que “pensábamos que las viviendas eran de Caja Granada”, en los juzgados le informaron, siempre según el testimonio de las afectadas, de que el bloque seguía perteneciendo al promotor del mismo, quien fue el que interpuso la denuncia pidiendo el desalojo del edificio. Delia Pérez y Lorena Lorenzo (otra de las desalojadas), aseguraron a Viva Huelva que, además de haber sido echadas de sus pisos okupas, las cinco familias han sido imputadas por un delito de usurpación.
Búsqueda de ayuda
Una vez que, de manera pacífica y con el amparo de ciudadanos que se solidarizaron con situación, abandonaron el edificio, llegó el momento de pensar dónde pasar la noche. Así, las familias afectadas acudieron en un primer momento al Ayuntamiento de Huelva, donde fueron atendidas en el Servicio de Atención al Ciudadano. Allí, la solución eventual que se les presentó es que pasaran las tres próximas noches en el albergue municipal, algo que no aceptaron: “No queremos una solución de tres días”, explicaba a Viva Huelva Lorena Lorenzo. Ella está convencida de que el Consistorio onubense tiene viviendas municipales vacías, algo que desde el Ayuntamiento le negaron, hecho también asegurado a este periódico por fuentes municipales: “No tenemos viviendas municipales disponibles para estas familias”.
Una vez que salieron del Ayuntamiento, se buscó amparo en la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, pero, como era de prever, la solución tampoco era todo lo inminente que estas familias deseaban: “Nos han dicho que revisarán los papeles y cuando haya disponibilidad de viviendas, nos ayudarán, pero ahora mismo no hay viviendas vacías”. Ellas, quizá movidas por la urgencia de su situación, no se creen la explicación de las administraciones: “Nos consta que hay viviendas vacías”.
Sea como fuere, las cinco familias tuvieron que recurrir ayer de la solidaridad y/o ayuda de familiares para no pasar la noche a la intemperie. Casos como el de Delia Pérez son especialmente duros. Este jueves, cuando recibió la llamada de Viva Huelva, estaba saliendo de los juzgados de La Palma por un juicio de violencia de género. Su voz denotaba hastío y resignación: “Soy una mujer maltratada. Estoy en la calle, he sido desahuciada, humillada y vejada. Estoy sola. No tengo dónde ir. Mi familia no sabe ni la mitad de mi historia”.
Un nuevo ejemplo de los daños colaterales, y ya son demasiados, de esta crisis crónica. El bloque de San Antonio ha quedado vacío. Quizá el dueño tenga opción de sacarle rendimiento. Lo contrario, desalojarlas porque sí y punto, sería moralmente condenable.
