Los detenidos, entre los que también se están su marido y uno de sus hijos, el secretario y arquitecto municipales, un concejal del PAR y varios empresarios, comenzaron a declarar ayer ante la policía judicial en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y en las comisarías de Delicias y San José, después de pasar su primera noche en los calabozos.
Tras declarar la alcaldesa durante una hora, su abogado, Javier Notivoli, informó a los medios que el juez la acusa de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.
El marido, Antonio Embarba, que también prestó declaración ante la policía, es acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, este último imputado también a su hijo.
Al concejal del PAR Juan Carlos Rodrigo, el juez le acusa de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, fraudes y exacciones ilegales, y tenencia ilícita de armas.
Los interrogatorios policiales a los detenidos se prolongaron durante toda la jornada ayer y continuarán en el día de hoy antes de que pasen a disposición del titular del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que comenzó la investigación judicial hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de un particular ante la Policía Nacional.
Su pase a disposición judicial se producirá probablemente esta noche o mañana sábado, antes de que se agote el plazo legal de detención de 72 horas, y el juez podría decidir entonces levantar el secreto de sumario, ha avanzado Notivoli.
A los dieciocho detenidos el miércoles se le ha sumado uno más, un escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, que el miércoles estaba en Estambul y que ayer se presentó ante la policía a declarar y quedó detenido.
Por otra parte, fuentes del Gobierno de Aragón apuntaron a Efe que un funcionario del Servicio Provincial de Urbanismo de Zaragoza del Ejecutivo autonómico ha recibido una citación para declarar hoy ante el juez sobre estos hechos.