El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, y el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, han analizado la repercusión que la Ley de Reforma Local tendrá en la provincia, afectando negativamente a las entidades locales autónomas (ELAS) de Tharsis, La Redondela y La Zarza, ya que podrían desaparecer al perder su entidad jurídica porque se les impone un mecanismo de supresión vinculado a su estabilidad presupuestaria o a la del ayuntamiento matriz
Ambos responsables públicos han informado sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Junta contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor el pasado 31 de diciembre y el impacto que esta norma tendría sobre determinados servicios públicos como las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, Centros Municipales de la Mujer, mancomunidades, transportes o políticas y actividades formativas de empleo
El delegado del Gobierno ha afirmado que “estamos ante una norma con un impacto especialmente negativo en la provincia de Huelva, conformada mayoritariamente por municipios de poca población y a los que esta Ley los condena a convertirse en simples estancias administrativas”. “Concretamente en Huelva, esta norma del Partido Popular –ha añadido- afecta de manera muy grave, ya que hay 59 municipios menores de 5.000 habitantes que perderían sus competencias”.
Así, el delegado ha manifestado que “nos oponemos a la recentralización de competencias que inspira esta Ley porque los ayuntamientos onubenses pueden perder gran parte de sus competencias a favor de la Diputación Provincial e incluso quedar expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral”.
Por su parte, el director general de Administración Local ha manifestado que la Ley colisiona y vulnera las competencias autonómicas, las municipales y la autonomía local y ha recordado que también afecta a las mancomunidades y servicios sociales. Así, en el caso de Huelva, de las doce entidades supramunicipales existentes, nueve tendrían que desaparecer por quedarse sin competencias. Lo mismo ocurriría con otros servicios de “cercanía” a la población como las oficinas municipales de información al Consumidor (OMICs), los centros de información a la mujer (CIM) o el Consorcio Metropolitano de Transportes, “que estarían en peligro de extinción”.
Camacho ha ahondado en la inestabilidad jurídica y financiera y los perjuicios que ocasionará la disparidad de interpretaciones que pueden tener los interventores sobre qué ley prevalece, si la estatal o el Estatuto de Autonomía de Andalucía, algo que “solo puede dirimir el Tribunal Constitucional, órgano que podría tardar cuatro años en pronunciarse, por lo que creemos que el Gobierno central debe establecer una moratoria mientras tanto”.
El recurso de la Junta de Andalucía, primero que presenta una comunidad autónoma contra la ley, se centrará en 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final que, en líneas generales, alteran el marco competencial vigente desde hace más de treinta años, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española.
La reforma deja a la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales.
Por todo ello, Fiscal ha agregado: “Consideramos que la ley supone una alteración del autogobierno administrativo y financiero que reconoce la Carta Europea de Autonomía Local y pone en peligro miles de empleos en el sector público tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia”.
Igualmente, esta merma afectará negativamente a los cauces de participación y atención a las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en meros gestores de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales, instituciones que no son de elección directa por la ciudadanía.
Por último, los responsables políticos han señalado que “se pretende dejar a las corporaciones bajo el control potestativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, de entrada, será el que evalúe el coste de todos los servicios”. Según la ley, la competencia del servicio será municipal sólo si la cuantía que propone es "competitiva", lo que abre las puertas a la privatización.