El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, asegura que la reclamación interpuesta por la empresa José Manuel Pascual Pascual por la que exige el pago de una cantidad millonaria "es un paso más en la estrategia de presión a la Junta iniciada por parte de la empresa" y defiende que "los altísimos beneficios" que registra la empresa sanitaria "no justifican en ningún momento que haya puestos de trabajo que estén en riesgo".
En rueda de prensa, López Gil ha explicado que "no es la primera vez que desde la Junta le ganamos pleitos de este tipo a esta misma empresa por reclamaciones millonarias, y tenemos claro que no corresponde esta liquidación que nos pide, por lo que sólo se puede entender como una estrategia de presión".
Asimismo, el delegado de la Junta en Cádiz ha explicado que "si siguen utilizando a los trabajadores para ir en contra de la Junta, es porque no se está buscando el concierto, sino la posibilidad de entrar en otros mercados, algo que se trasladó a la Junta por parte de la empresa y en lo que no vamos a entrar". En este punto, ha enfatizado que "el problema no es la reducción del cinco por ciento, sino que la empresa José Manuel Pascual Pascual está pensando en ampliar mercados de negocio intentando decirle a la Junta cómo tiene que hacer su política sanitaria, y no se lo vamos a permitir".
López Gil dice que la Junta seguirá "demostrando cada una de las falsedades en las que está incurriendo esta empresa", y ha manifestado que "entendemos a los trabajadores y que salgan a la calle, pero también entiendan que están siendo utilizados con falsedades claras".
El delegado de la Junta resalta que la empresa José Manuel Pascual Pascual "ha trasladado mensajes erróneos durante toda la negociación del concierto y sigue haciéndolo", al tiempo que ha detallado que "la prórroga del mismo, una decisión tomada unilateralmente por la Junta, es de un año prorrogable a otro más, por lo que tenemos garantizados 24 meses mínimo de un servicio que seguirá prestándose por interés público".
Además, ha manifestado que pese a que se ha apuntado desde los trabajadores hacia una merma de la actividad por la disminución de derivación de pacientes a los centros de la empresa sanitaria, "los niveles de transferencia de pacientes siguen manteniéndose dentro de lo permitido, pero incluso este año ha sido superior a otros ejercicios".
López Gil ha negado que la reducción de las cantidades del concierto "obligue a un despido masivo de trabajadores, porque la Junta garantiza el concierto que a su vez provoca que se tenga a un número de personas contratadas en relación a los enfermos que se derivan y que están atendidos". "Además, en ningún caso corren riesgo los contratos de estas personas en relación al beneficio empresarial de Pascual", ha aseverado, al tiempo que sostiene que la Junta "ha garantizado el servicio sanitario a las personas de las localidades donde se encuentran los hospitales de Pascual, y los trabajadores tienen que estar tranquilos".
Por último, ha criticado que el PP "busque agrandar un conflicto como este para desviar la mirada de otros más importantes que no atiende el Gobierno de España en la provincia", matizando que no le extraña que el PP "se ponga del lado de la empresa que practica la actividad sanitaria en vez de ponerse del lado del dinero público". "El PP en su ideario tiene la privatización de la sanidad, y si por ellos fuera, venderían el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y todos los públicos, ya que es lo que intentan practicar en otras comunidades", ha concluido.