La propuesta remitida por el Gobierno a los agentes sociales para la reforma del modelo de formación para el empleo contempla la posibilidad de abrir un buzón de denuncias para recoger avisos de supuestas irregularidades en torno a la impartición de cursos.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que es preciso potenciar las acciones de seguimiento y control, así como "establecer mecanismos para combatir los casos de mala praxis" en el marco del sistema de formación.
El Gobierno señala que estas actuaciones deben reforzarse de manera que superen "el limitado alcance que han tenido en el pasado" y estima necesario perseguir, sancionar y eliminar "los casos de mala praxis de algunas entidades que se han dado en el pasado".
Asimismo, el Gobierno hace hincapié en la conveniencia de "reforzar" la capacidad sancionadora del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en caso de incumplimiento, de forma que se asegure "un justo reparto de responsabilidades".
"De lo contrario, no sólo resulta ineficiente realizar estas actuaciones, sino que persisten los incentivos a conductas contrarias al sistema", añade.
Este punto es en el que el Gobierno se plantea dotar de mayor visibilidad a los canales de denuncia de las situaciones fraudulentas, y apuesta por crear un buzón de denuncias gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo. En su opinión, este buzón podría aportar "vías ágiles para la transparencia y publicidad" de estas situaciones de irregularidad.
En cualquier caso, el Gobierno expresa en la propuesta que "existe una percepción positiva de la formación para el empleo con carácter general", y afirma que la cofinanciación de la empresa en las actividades de formación y financiación mediante anticipo parcial favorecen la política formativa y su adecuación y eficacia.
