La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado confirmar la condena de cinco años y tres meses de cárcel impuesta a dos catedráticos de la Universidad del País Vasco que destinaron 168.000 euros de la institución académica para sus fines particulares.
El fiscal Salvador Viada ha solicitado en una vista pública celebrada ante el alto tribunal ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que consideraba al exdecano de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU Francisco Javier Goiriena y a la exdirectora del Departamento de Estomatología Monserrat Barranquero autores de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, algo que de lo que les consideró culpables un jurado popular.
El representante del Ministerio Público, al igual que las acusaciones, ha negado que los acusados sufrieran "indenfensión" y ha afirmado que las defensas solicitaron pruebas que no eran "decisivas" para la resolución del procedimiento y lo hicieron en un momento inadecuado.
El fiscal ha reconocido que el caso es de "una complejidad jurídica extraordinaria" para un tribunal de jurado, pero ha enfatizado que han sido las propias defensas las que pidieron llevarlo a esa instancia y plantearon las sucesivas cuestiones técnicas.
INDEFENSIÓN Y DESIGUALDAD DE ARMAS
Por su parte, la defensas de los condenados han denunciado la "estrepitosa instrucción" del jurado, presidido por un magistrado, que incurrió en múltiples defectos, no motivó el ánimo con el que actuaron sus clientes y actuó en un "estado de confusión mental". "Hubo un déficit total de motivación", han dicho, para sostener que ello vulneró los derechos de sus representados.
"Es un caso paradigmático de desigualdad de armas porque el monopolio de la prueba documental y pericial lo ha tenido la Universidad del País Vasco", han señalado los letrados, para solicitar al tribunal que, en caso de no lograr la absolución, que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por las "clamorosas" paralizaciones del proceso, que se ha alargado durante 14 años.
"¡El complejísimo caso Malaya tardó menos años en recibir una sentencia!", ha exclamado la defensa, para agregar que en el caso de los catedráticos había menos imputados, menos delitos y menos pruebas.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó el pasado marzo que los condenados en primera instancia, que eran pareja de hecho, puestos "de común acuerdo", malversaron fondos de la Universidad del País Vasco con ánimo de lucro y falsificaron facturas para justificar esos ingresos.