Cerca de medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma 'Stop Desahucios', se han concentrado este lunes ante las puertas de la Audiencia Provincial de Córdoba para pedir a las administraciones públicas el apoyo para una vivienda para la mujer que fue juzgada, acusada de un delito de usurpación, después de que supuestamente ocupara su vivienda, de la que la habían desalojado por impagos en la capital, y que el juez ordenó su desalojo.
En este sentido, la afectada, Lourdes Castro, ha reclamado "una solución" a las administraciones ante su situación, puesto que, según ha recordado, "todo el mundo tiene derecho a techo, como pone en la Constitución Española". Así, ha suplicado que "no quiere volver" a verse en la calle con sus hijos, y asegura que intentará resistir en su casa, porque lleva "mucho tiempo luchando".
Mientras, el portavoz del colectivo, Rafael Blázquez, quien ha respaldado la acción de la mujer, activista de la plataforma, ha pedido apremio a las administraciones "para que aceleren los trámites", dado que este caso "no es habitual, sino que es de emergencia" y a la afectada "no se le puede pedir más".
De este modo, desde 'Stop Desahucios' destacan que esta mujer ha sido "un ejemplo" para el colectivo, porque "no ha tenido muchas alternativas para hacer lo que ha hecho", según ha señalado Rafael Blázquez. En concreto, la decisión del desalojo del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba está recurrida ante la Audiencia, a lo que añade el portavoz que el juez entiende que "sí procede dar vía libre" al desalojo.
Al respecto, la mujer fue juzgada en enero de este año tras la demanda que ha interpuesto la empresa que se quedó con el inmueble, al que volvió la afectada después de que le avisaran de que la puerta de la casa estaba abierta.
Desde la Plataforma 'Stop Desahucios' lamentaron que su compañera fuera juzgada por "vivir en la casa de la que fue desahuciada", de ahí que respalden a la mujer, junto a sus dos hijos, dado que "fue la primera de otras muchas familias que reocuparon su casa".
Así, detallaron que la vivienda fue subastada por un banco, quien se la vendió a 'Propiedades Residenciales', "una sociedad cuyo accionista es a su vez una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, sociedad tapadera amiga del banco y administrada por una red de despachos dirigidos por gentes que se dedican a hacer negocios con las desgracias de las familias obreras en paro".