Administraciones públicas, ONGs y otras organizaciones sociales celebraron ayer una jornada de trabajo en la Subdelegación del Gobierno para establecer las pautas de actuación y coordinación provincial en la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas y de menores a su cargo.
Representantes de departamentos específicos de la Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Fiscalía, Poder Judicial y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de ONGs como Cruz Roja y otros colectivos implicados acordaron desarrollar el marco para su coordinación y colaboración en los casos de trata y disponer las pautas de asistencia y protección de las víctimas.
Y es que la trata de seres humanos en España puede afectar a más de 12.000 personas, que se convierten en “nuevos esclavos de estos tiempos”, además de a los menores que están a su cargo, que “sufren y ven cómo sus madres son objeto de explotación sexual”, dijo el subdelegado, Juan Lillo.
En la reunión también se analizó el contenido del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, suscrito en 2011 por el Gobierno de España, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Las reuniones se mantendrán de forma semestral para analizar el estado de esta modalidad de delincuencia en la provincia y coordinar las actuaciones que en cada momento se acuerde llevar a cabo.
Según Lillo, las actuaciones en este campo deben dirigirse a garantizar las libertades de un colectivo que se encuentra privado de sus derechos, situación que lo convierte en uno de los más vulnerables de la sociedad.
Para luchar contra esta situación, “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están intensificando su labor y trabajando en distintos aspectos, como la inspección de lugares susceptibles de albergar estas actividades, cooperando con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal y trabajando en el ámbito de protección a las víctimas en colaboración con ONGs y otras organizaciones sociales”.