l portavoz de Sanidad en el Senado y coordinador de Políticas Sanitarias del PP andaluz, Jesús Aguirre, y la portavoz adjunta del Grupo del PP en el Parlamento autonómico, Ana María Corredera, han criticado este lunes las medidas "draconianas" que lleva a cabo la Junta en materia de atención sanitaria, al tiempo que advierten de que entre 2013 y 2014 el Gobierno regional "ha recortado 1.261 millones de euros" en la sanidad andaluza.
En una rueda de prensa en Córdoba, ha lamentado que de los 9.230 trabajadores del SAS en la provincia 875 tienen contratos eventuales al 75%, 50% y 25% del sueldo y jornada laboral, y en muchos casos con renovaciones de contrato mensual. Lo que supone, a su juicio, condiciones laborales "en precario, agravios comparativos con otras comunidades autónomas y un deterioro paulatino de la calidad asistencial que recibe el paciente usuario, además de la sobrecarga de trabajo para el resto del personal".
Esta circunstancia, según Aguirre, "está derivando en el llamado 'mobing' o acoso laboral al que muchos profesionales se están viendo sometidos desde esferas superiores", al tiempo que el senador subraya que "desde la Junta se justifica esta política de contratación como medidas para no despedir a trabajadores de la sanidad pública".
El 'popular' también ha criticado que los sueldos de los profesionales del SAS son "los más bajos en comparación con otras comunidades autónomas, y mientras tanto la Junta también lo justifica como medida para no despedir a trabajadores".
Asimismo, el coordinador andaluz ha recordado que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales es arbitraria y evidencia un abuso de poder de los gerentes de los hospitales y distritos sanitarios, y debería hacerse mediante acuerdo sindical y del Consejo de Gobierno". Si bien, añade, "una vez más la Junta justifica estas medidas draconianas para no despedir a trabajadores".
Además, detalla que entre los años 2012 y 2013 el SAS ha despedido a 972 trabajadores en la sanidad cordobesa, en toda Andalucía suman un total de 10.269, según datos del Ministerio de Empleo. "Por lo tanto, no podemos entender como la Junta castiga a la sanidad andaluza y cordobesa con medidas draconianas justificando que lo hace para no despedir a trabajadores y la realidad es que en solo dos años casi mil profesionales sanitarios en la provincia se han ido al paro", dice Aguirre, quien añade que "al mismo tiempo se crearon 44 nuevos cargos de libre designación con sueldos muy altos y nombrados a dedo por los que dirigen la administración sanitaria andaluza".
"PREOCUPACIÓN" POR LA SANIDAD
Por su parte, Ana María Corredera ha manifestado "la preocupación" del PP andaluz por la política sanitaria que desarrolla la Junta, "uno de los pilares fundamentales de la administración que están desmoronando PSOE e IU". Así, lamenta "el rechazo del bipartito andaluz" a una moción del PP-A debatida recientemente en el Parlamento regional y que "atendía solamente a criterios esenciales para mejorar la atención sanitaria andaluza, y que fue votada en contra por socialistas y comunistas".
En la moción, se pedía a la Junta "no acometer más recortes presupuestarios" en política sanitaria por su repercusión negativa en el personal sanitario, las infraestructuras y la calidad de la atención a los ciudadanos y ciudadanas. Y es que, "entre 2013 y 2014 la Junta ha recortado 1.261 millones de euros a la sanidad andaluza", dice.
Además, el PP solicitaba ejecutar un calendario de pago a proveedores y prestatarios de servicios, que se garantice la cobertura de las vacantes que se generan, así como a la contratación de eventuales al 100% de la jornada; que se desarrolle de forma inmediata la Oferta de Empleo Público convocada por la Junta el 12 de diciembre de 2013 para dotar de 915 nuevas plazas a la Sanidad Pública Andaluza, "de la que nada se sabe".
El diseño de un nuevo Mapa de Infraestructuras Sanitarias que contemple las prioridades del gobierno andaluz, los compromisos presupuestarios necesarios y los plazos de ejecución para su puesta en marcha, ya que "Andalucía tiene una evidente falta de hospitales públicos repercutiendo negativamente en la atención sanitaria que están recibiendo los andaluces". Además de paralizar, "de forma inmediata", el proceso de fusión de hospitales en Andalucía hasta que "se defina claramente el modelo, se consensue con profesionales y sindicatos, y se regule por la pertinente orden".
También, mantener el nivel de conciertos con la iniciativa privada para garantizar la asistencia sanitaria en aquellas zonas donde hay déficit de infraestructuras sanitarias, así como garantizar la cobertura de las pruebas diagnósticas necesarias; agilizar los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas y así frenar el aumento de las listas de espera; llevar a cabo un Plan de eliminación de habitaciones con tres camas en los hospitales públicos andaluces, así como a cumplir con su histórico compromiso de implantación progresiva de habitaciones de uso individual; y reforzar los servicios de urgencias en los hospitales públicos andaluces, para evitar el colapso y saturación de las mismas.