Un centenar de personas, entre alcaldes, concejales, secretarios, interventores, técnicos y empleados municipales y de otras administraciones de la provincia de Jaén, participan este jueves en una jornada formativa organizada por la Junta sobre la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Con ella, responde a las demandas de información planteadas por los ayuntamientos sobre el impacto de esta normativa que el Gobierno andaluz ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Así lo ha manifestado el viceconsejero de Administración Local y Relaciones Instituciones, José Luis Pérez Tapias, que ha presentado el encuentro, junto con la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, y la representante provincial de la Oficina de la Vicepresidencia, Marisol Gutiérrez. Han reiterado el rechazo andaluz a esta norma, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, porque "atenta contra el modelo de autonomía local recogido en el Estatuto y menoscaba los servicios públicos que ofrecen los municipios", al mismo tiempo que han resaltado la defensa del municipalismo por parte de la Junta.
"Vamos a defender hasta el último milímetro las competencias establecidas en el Estatuto de 2007, con una gran carga municipalista y una defensa de la autonomía local muy importante, así como la legislación derivada del mismo, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía", ha asegurado Pérez Tapias.
En su intervención, ha señalado que la Ley de Reforma Local "ha sembrado la incertidumbre y la inseguridad jurídica en los ayuntamientos", ya que "hay tantas interpretaciones de esta norma como interventores y secretarios hay en Andalucía", en referencia a los que otorgan prioridad a la aplicación de la Ley de Reforma Local y a los que, por el contrario, consideran de rango superior la legislación andaluza y sectorial.
En este sentido, el viceconsejero ha apuntado que "mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los recursos contra esta ley, los ayuntamientos tienen que abrir cada mañana y lo hacen en una situación de inseguridad que perjudica a las instituciones locales". Al hilo, ha destacado que la Junta de Andalucía va a mantener una posición política, administrativa y jurídica de oposición, una postura que también comparten Cataluña, Asturias y Canarias. "Ayuntamientos y consorcios resultarán claramente perjudicados con esta normativa", ha remarcado.
"ATAQUE" AL AUTOGOBIERNO
En la misma línea, la delegada del Gobierno andaluz ha asegurado que la norma supone un ataque frontal no sólo a las competencias de la comunidad autónoma en la materia sino, sobre todo, a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales. "Con ello, se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas", ha señalado Gálvez, que ha recordado que 54 ayuntamientos jiennenses, que representan a más de 300.000 ciudadanos (el 45 por ciento de los habitantes), han acordado presentar recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitucional.
Además, ha puesto el acento en que la reforma implica una recentralización y control por parte del Gobierno, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Según ha dicho, estas pequeñas y medianas localidades "podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales", mientras que los 69 municipios jiennenses de menos de 5.000 habitantes quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral".
Junto a ello, Gálvez ha resaltado el impacto negativo de la legislación en los servicios sociales, entre otros ámbitos. "Están en riesgo las oficinas municipales de información, los centros municipales de información a la mujer y, por supuesto, empleos públicos", ha enfatizado la delegada.
