El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se sustenta la denuncia original por la supuesta adjudicación irregular de los contratos para Fitur 2004 están basados en un expediente incompleto que fue remitido en febrero de 2009 por el Gobierno socialista de Pilar Sánchez, de ahí que el juez Pablo Ruz haya decretado que la unidad de auxilio judicial de la IGAE elabore un nuevo informe a partir del expediente completo remitido por el Ayuntamiento, a petición de María José García Pelayo, el 17 de mayo de 2011.
Según refleja el citado magistrado en el auto del pasado 27 de marzo, “al no haber sido examinada por el perito de la IGAE la documentación remitida por el Ayuntamiento de Jerez con fecha 17 de mayo de 2011, procederá trasladar a dicho perito tal documentación para su valoración y posterior informe, con carácter previo a la práctica de cualquier otra diligencia de los interesados en el escrito de denuncia”.
En ese nuevo expediente, a diferencia del remitido en 2009, sí se encuentran los dos documentos que García Pelayo considera fundamentales en favor de la inadmisibilidad de la denuncia, como ya apuntaba el auto del juez Antonio Pedreira: el informe del Secretario sobre la adecuación del expediente a la legislación vigente y el certificado del Secretario del Instituto de Promoción de la Ciudad sobre la adopción del acuerdo del Consejo Rector del mismo ratiticando la resolución de la Presidencia en los expedientes de contratación.
Hay que recordar que contra el informe inicial de la IGAE, en marzo de 2011, García Pelayo ya presentó un escrito de alegaciones en el que hizo alusión a la “falta de rigor, errores e incongruencias” y en el que advirtió “la falta de documentación disponible y suficiente para emitir una opinión o conclusión válida”.
El informe, de hecho, aludía a la “inexistencia de informe jurídico emitido por el Secretario”, ya presente en la documentación que deberá analizar la IGAE.
¿Ha prescrito ya el supuesto delito?
Puesto que ya han transcurrido más de diez años de los hechos denunciados, cabe plantearse la posibilidad de que el presunto delito de prevaricación al que aludía la denuncia haya prescrito.
