Resulta cuando menos rocambolesco el cierre del Centro de Técnicas Industriales (CTI), máxime cuando la decisión se toma en pleno conflicto con el fraude de los cursos de formación y el nuevo consejero de Educación se sabe que quería un nuevo modelo antes que el que se había demostrado demasiado inestable, por decirlo de una forma suave.
Si además la disolución se ha desarrollado como dice el alcalde de San Fernando, José Loaiza, y no hay por qué dudar de su palabra y realmente desde el Ayuntamiento lo que piden son las cuentas para pagar lo que se debe y esas cuentas deberían haber estado incluso antes del presumible motivo de la disolución, no está de más al menos respetar la postura de la primera autoridad municipal y su olfato que a todas luces no está percibiendo olores agradables.
Pero independientemente de las declaraciones públicas que se hacen en un contexto político, además de un contexto administrativo y de gestión, lo que más extraña de ese cierre es que se haya producido en un centro que presumía de tener la más alta cuota de integración laboral en el mundo de los cursos de formación del que los últimos estudios dicen que no sirven absolutamente para nada. O para muy poco.
Cerrar un centro que aparentemente funciona bien puede hacerse por falta de dinero, si como dice la Junta, el problema es que el Ayuntamiento debe 900.000 euros -menos de medio millón según las cuentas del Ayuntamiento- pero si además la anternativa que se proponía era seguir impartiendo la enseñanza en otros centros de la Bahía y eso todavía no se ha hecho, la duda pasa a otra esfera.
¿No funcionaba el modelo porque una parte no pagaba o no funcionaba el modelo porque, como decía Fernando López Gil, se pueden corregir ciertas cosas?
