El exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera otorgó ayudas de 32.670.702 euros a un grupo de empresas de la Sierra Norte de Sevilla en el que trabajaba su hija Sonia, según un atestado de la Guardia Civil que le imputa dar subvenciones por "afinidad política".
En el atestado, al que ha tenido acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que los exconsejeros andaluces Viera y Antonio Fernández, así como otros diez altos cargos de la Junta, conocían las "importantes irregularidades" en las ayudas, que se otorgaban por "afinidad política" y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal".
La Guardia Civil señala la "participación esencial" que tuvieron los exconsejeros Viera y Fernández, así como el exconsejero Francisco Vallejo cuando era presidente de la agencia andaluza IDEA.
Los altos cargos, según el atestado, incumplieron su obligación de proteger los recursos públicos "y los principios de objetividad, eficacia y satisfacción de los intereses generales" e impidieron "que esas ayudas se empleasen en la creación y mantenimiento del empleo".
De los 85 millones de euros otorgados en el periodo 2001-2010 con cargo a la partida 31L, 55 millones fueron para la Sierra Norte de Sevilla y de ellas 34 millones (61 por ciento) para lo que la Guardia Civil llama "el tándem" de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, ambos exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla).
Afirma el atestado que la mayoría de sus 18 empresas "carecían de contenido, no tenían actividad comercial ni trabajadores dados de alta", fueron creadas poco antes de recibir las subvenciones y las recibieron de forma fraccionada.
Sobre Viera, que fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004, la Guardia Civil afirma que "puede ser responsable de la concentración de ayudas a las empresas manejadas por el tándem Rosendo-Sayago" y que "como consecuencia de sus decisiones, esas personas obtuvieron ayudas por importe total de 32.670.702 euros".
Viera llegó a prometer en público esos fondos, asistió a la inauguración de las empresas y, según el atestado, "parece inverosímil que desconociera que su hija estaba trabajando para el grupo de empresas que estaba siendo agraciado".
Sonia Viera tuvo el sueldo "nada despreciable" de 48.189 euros en los 14 meses que trabajó para la empresa Marco de Estudios, perteneciente al grupo, y en ese plazo se firmaron 20 de los 24 convenios que otorgaron las ayudas, según el atestado.
Los investigadores añaden que Sonia Viera trabajó entre 1997 y 2002 en Prodetur, que con su denominación anterior de Sevilla Siglo XXI recibió 90.000 euros del IFA cuando su padre era consejero.
Según la Guardia Civil, Viera y los demás altos cargos señalados pudieron propiciar ayudas para esa zona geográfica "con objeto de favorecer desmesuradamente a empresarios del entorno de determinados responsables públicos" y con los que mantenían "afinidades políticas".
El atestado destaca también los vínculos familiares del dirigente socialista sevillano José Caballos, cuyo hijo Jesús trabajó para Marco de Estudios y cobró 12.000 euros en 2004 y otros 34.892 de Producciones Barataria, que obtuvo una ayuda de 210.354 euros.
A juicio policial, Caballos "no tuvo participación en estas ayudas pero pudo haber conocido su sucesión ininterrumpida a favor del grupo Rosendo-Sayago".
Antonio Fernández, por su parte, fue viceconsejero o consejero cuando se concedieron la totalidad de las ayudas de 34 millones a Rosendo y Sayago, y lo mismo refiere la Guardia Civil respecto a los exviceconsejeros Justo Mañas y Agustín Barberá, los exdirectores de las agencias IFA e IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exconsejero Francisco Vallejo cuando fue presidente de la agencia IDEA (2004-2009).
La Guardia Civil recoge la "coincidencia de afinidad política entre la gran generalidad de las personas beneficiadas de las ayudas investigadas y los responsables de la concesión"
