La concejal delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Asunción Fley, ha solicitado a los sindicatos que "aclaren su postura acerca de la Ley de reforma local, puesto que no pueden decir un día que este Ayuntamiento no debe ser pionero en la aplicación de la misma y al día siguiente acusarnos de que estamos retrasando su puesta en marcha hasta después de las elecciones", toda vez que las organizaciones sindicales han convocado para el viernes una manifestación al temer que la interpretación y aplicación de dicha regulación derive en el cierre de todos los programas y servicios cofinanciados entre el Consistorio y la Junta de Andalucía.
"La única realidad es que el alcalde se comprometió con los sindicatos a no dar ni un solo paso sin comunicárselo previamente a ellos y así está siendo. Además, fue muy tajante al asegurarles que en ningún caso la aplicación de la ley va a suponer reducción alguna de la plantilla municipal, que no va a haber reducción de las cuantías de las retribuciones del personal y que siempre habrá la interpretación más favorable a los intereses de los empleados municipales", ha añadido Fley.
Así, ha reiterado que "la comunicación con los sindicatos no puede ser más continua, directa y fluida, ayer mismo participé de nuevo en la reunión del comité de seguridad y salud, mañana tengo una cita con los bomberos y el mismo viernes la directora de Recursos Humanos tenía fijada una reunión con todos los sindicatos. Si no hemos vuelto a informar es sencillamente porque no ha habido nada nuevo de lo que informar, porque hasta que no tengamos el informe de liquidación del presupuesto de 2013 no podemos determinar nada acerca de qué competencias podemos y no asumir".
"NINGUNA PRISA"
La delegada de Hacienda ha comentado que "no tenemos ninguna prisa en aplicar la ley, pero tampoco vamos a dejar de cumplirla. La propia ley establece los diferentes plazos para que cada comunidad autónoma asuma, en su caso, las competencias que tenga que asumir. En todo caso, el informe del secretario y el interventor del Ayuntamiento se ha remitido a las diferentes áreas para que analicen minuciosamente dentro de sus respectivas competencias cómo afecta la ley".
En cualquier caso, ha señalado que "el Ayuntamiento seguirá apostando como hasta ahora por el mantenimiento de unos servicios con carácter público y de calidad, sin merma alguna en los mismos, por lo que los ciudadanos no notarán ninguna diferencia".
Por último, Fley ha indicado que "este gobierno tiene un respeto absoluto por los trabajadores del Ayuntamiento, por lo que jamás les ha utilizado ni les utilizará, pero sí lamentamos que éstos puedan verse perjudicados por intereses particulares de los sindicatos o de algunos partidos políticos".
LA REFORMA LOCAL
Todo se enmarca en la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Merced a la nueva regulación, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos, el Consistorio hispalense paralizó en principio el comienzo de tres escuelas taller cofinanciadas junto con la Administración autonómica, pues la Intervención General había emitido un reparo al expediente de contratación de los monitores de estas escuelas taller, bajo la premisa de que la nueva regulación de la administración local no permite librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio.
Las escuelas taller, no obstante, pudieron comenzar con sus monitores incluidos al decidir el Gobierno municipal levantar el reparo de la Intervención General. Ahora, el Gobierno local del PP ha anunciado que los cinco dispositivos de ayuda a la inserción laboral que gestiona conforme al programa autonómico Andalucía Orienta, gracias al cual la Junta financia la mayor parte de estos recursos, no serán renovados una vez finalice la edición en curso el 21 de abril y el dispositivo de esta naturaleza que se planeaba instalar en Torreblanca ni siquiera nacerá. Según el Gobierno local, pese a que la petición de subvención se remonta a agosto de 2013, no fue aprobada "hasta el 10 de diciembre" y la reforma de la Administración local, en vigor desde enero, impide que el Ayuntamiento cofinancie estos dispositivos.