La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a ocho personas e imputado a otras nueve acusadas de estafa de falsedad documental con la elaboración de contratos de trabajo ficticios.
La trama habría defraudado mediante una empresa que carecía de actividad real 18.000 euros a la Seguridad Social y 21.000 euros al Servicio Estatal de Empleo Público
Según ha informado la Comisaría, el responsable de la red había creado una empresa ficticia dedicada a fontanería y mantenimiento que carecía de actividad real y con la que simulaba la existencia de relaciones laborales con fines fraudulentos.
De este modo, el fraude era doble. Por una parte los empresarios suscribían numerosos contratos de trabajo y las correspondientes altas en el sistema de la Seguridad Social a falsos trabajadores que, a cambio, debían abonar 300 euros.
Por otra parte, los falsos trabajadores obtenían así un contrato de trabajo y permanecían dados de alta unos meses en la Seguridad Social, tras lo cual, se beneficiaban del cobro de prestaciones sociales por desempleo de unos fondos públicos que nunca habían generado.
La investigación apunta a que con esta empresa habrían generado una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 18.000 euros, a los que habría que sumar las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los trabajadores tras cesar en la actividad con las citadas empresas y cuyo importe ascendería a 21.000 euros.
Al detectar las irregularidades, la Unidad de Control contra el Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social se puso en contacto entonces con la Policía Nacional para que hicieran las comprobaciones necesarias.
La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Extranjería de la Comisaría de El Ejido en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería, la Unidad de Control contra el Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal.
Esta actuación tiene como antecedentes el Convenio de colaboración suscrito entre los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y del Interior, para coordinar las actuaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.