La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha considerado "positiva" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), por un importe de 2,3 millones de euros.
En declaraciones a los periodistas, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, ha señalado en este sentido que, desde el "respeto" que la administración regional ha mantenido y mantendrá para con las decisiones judiciales, sí se pide desde la Junta "celeridad" para poder resolver la "maraña" de procedimientos, sentencias y recursos "que a lo único que llevan al ciudadano es a confundirse y a no entender muy bien lo que pasa".
En lo tocante a la presente resolución, Serrano ha recordado que el Ejecutivo andaluz ejerció el derecho de retracto porque entendía que el suelo donde se ubica el hotel en construcción es público por ser titularidad de la Junta. Dicho derecho fue concedido, aunque tanto el Consistorio de Carboneras como la promotora recurrieron, y es ahora cuando el TSJA declara "firme" este extremo, aunque aún se está pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) respecto a los recursos de Azata.
"Entendemos que el Algarrobico es un ejemplo de lo que nunca se debe permitir en litoral: queremos restablecer cuanto antes la realidad urbanística alterada, y más en un paraje como el del Cabo de Gata, que se debe conocer por sus valores medioambientales y no por desmanes urbanísticos", ha aseverado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ve esta última resolución como "un paso más".
Si el Supremo resuelve a favor, la Junta ejercerá el derecho de retracto y registrará la propiedad de los terrenos, ha manifestado Serrano, que sin embargo ha apuntado a la necesidad de que el TS resuelva "cuanto antes" la discordancia entre las dos últimas sentencias del TSJA sobre la calificación de los suelos, que de hecho ha llevado a la administración autonómica a reclamar al TSJA que aplace la resolución sobre la licencia de obras --única que permanece en el Alto tribunal andaluz-- hasta que se "clarifique" si los terrenos son urbanizables o deben someterse a la especial protección que ya otorgó el propio TSJA.
La resolución, que desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Carboneras contra el derecho de retracto que ejerció el Gobierno que presidía Manuel Chaves en 2006, es firme en virtud de un auto de 13 de enero, aunque no ha entrado aún en ejecución, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Por otro lado, la Junta no ha solicitado la ejecución, en este caso provisional, de las otras dos sentencias dictadas en diciembre que validaron el citado derecho de retracto y que han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata y la constructora Azata del Sol.