La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto cuatro procedimientos sancionadores a otras tantas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 17 viviendas protegidas en ocho municipios de la provincia de Málaga. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 1.020.000 euros.
Según han informado este viernes a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, el motivo de apertura de los expedientes es "no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes", obligación establecida por el artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, "deben prestar una función social".
Los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
En concreto, las entidades financieras a las que se les ha abierto expediente sancionador son Banco Popular --por un conjunto de 12 viviendas, de las que tres están en Marbella, otras tres en Torremolinos, dos en Málaga capital, una en Antequera, otra en Fuengirola, en Ronda y una última en Vélez-Málaga--; Banco Santander --por una en Fuengirola y en Marbella--; BBVA --dos en Estepona-- y la Unión de Créditos Inmobiliarios, por una vivienda en Málaga.
Estas 17 VPO no son las únicas sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería dirigida por Elena Cortés ha podido acreditar a partir de la información remitida por las propias entidades financieras en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda.
En el conjunto de la comunidad andaluza hay 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, según los datos aportados por la Consejería. Además de las 17 de la provincia de Málaga, hay 43 en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén y 14 en Huelva. Las posibles sanciones ascienden a 11,1 millones.
UNA INFRACCIÓN "MUY GRAVE"
Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda, tal y como informó Elena Cortés en el Parlamento el pasado 3 de abril.
Según han recordado desde la Consejería, la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, de modo que los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan "plenamente vigentes".