El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad una moción del PP, matizada con enmienda del PSOE, que pide al Estado una revisión de las condiciones que pesan sobre los préstamos suscritos por las entidades locales merced al mecanismo estatal del plan de pago a proveedores. En concreto, pide ampliarlos plazos de carencia y amortización de los préstamos, así como una rebaja de sus tipos de interés.
Se refiere así al real decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central para habilitar vías de endeudamiento a fin de que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores, fue seguido de otros similares y el dinero obtenido por las administraciones consistía en préstamos sujetos a una devolución repartida en diez años, los dos primeros de carencia.
Este año, en ese sentido, comienzan a finalizar los periodos de carencia de estos préstamos y los ayuntamientos comenzarán a afrontar el pago de los intereses y de la amortización del capital solicitado en concepto de préstamo.
Mientras merced a este mecanismo el Ayuntamiento de Sevilla concertó 22 préstamos por valor de más de 59 millones de euros al objeto de abonar más de 3.000 facturas pendientes de pago, la moción elevada a debate por el PP proponía ampliar diez años el plazo de devolución de estos préstamos y rebajar los intereses financieros de dichas operaciones, que rondaban el 5,9 por ciento.
La propuesta, en ese sentido, ha sido aprobada por unanimidad en el pleno ordinario de este viernes, tras haber aceptado el PP una enmienda del PSOE al objeto de que el acuerdo se ciñese a los términos del pronunciamiento previo del pleno de la Diputación, que recientemente aprobaba un acuerdo sobre este mismo aspecto.
Así, el pleno ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno de España a revisar las condiciones estipuladas para estas operaciones de préstamo con una ampliación del periodo de carencia de las mismas, la ampliación también del plazo de amortización y una reducción de los tipos de interés.
Durante el debate, el portavoz del PP y presidente provincial del partido, Juan Bueno, ha defendido este mecanismo del Gobierno central a cuenta del desembolso económico realizado a gran escala en favor de las empresas y autónomos, mientras PSOE e IU-CA han advertido de los duros ajustes que los ayuntamientos se han visto obligados a acometer sobre sus servicios y recursos públicos a consecuencia de esta medida.