El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este martes que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales y los trabajadores en segunda instancia con independencia de sus recursos económicos.
En el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por seis grupos de la oposición al proyecto de justicia gratuita, el ministro ha adelantado que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales "definidas en su propia normativa" y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.
"Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga", ha indicado Gallardón, para defender que su norma supone un "avance social considerable". "Creo que la solidaridad debe extenderse más allá del criterio monetario", ha remachado.
Las organizaciones ecologistas se suman así a sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual, el texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
NO ABONARÁN EL COSTE SI HAY SENTENCIA ABSOLUTORIA
Según ha dicho, el PP presentará una enmienda para que las administraciones puedan suscribir convenios con los colegios de abogados para prestar este servicio en centros penitenciarios. Los colegios de letrados contarán también con turnos especializados para víctimas de violencia de género, que dispondrán de asesoramiento previo gratuito previo a la interposición de la denuncia y querella en todos los órdenes jurisdiccionales.
Gallardón ha explicado que un colegio de abogados propuso al Ministerio que las víctimas reintegrasen el coste de la prestación recibida en caso de que su agresor resultara absuelto. Sin embargo, ha dicho, "no podemos permitir que la duda sobre el éxito o el fracaso en la vía judicial se convierta en un elemento de disuasión ante la posibilidad de tener que reintegrar esas cantidades".
El titular de Justicia ha explicado que ninguna comunidad autónoma pagará "ni un euro más" como consecuencia de la extensión de la justicia gratuita a nuevos colectivos y ha propuesto que "la cuantía máxima de aportación estatal no suponga más del triple de la desviación media en las cinco comunidades autónomas gestionadas por el territorio del Ministerio Justicia".
Gallardón, que ha dicho que los presupuestos de 2015 incluirán el abono por esta partida para cada comunidad, ha recalcado que la relación entre las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita "no es de afectación pero sí de vinculación". "El coste efectivo real de la justicia gratuita estará garantizado y cubierto", ha remachado.
El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33 euros). En familias de cuatro o más miembros, se accederá con 19.170,39 euros, y ante circunstancias especiales familiares, de salud o discapacidad, tendrán cobertura las unidades familiares con ingresos de hasta cinco veces el IPREM, es decir con 31.950 euros.
