La Fiscalía de Jaén ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número uno de la capital en el que solicita la apertura de juicio oral para su posterior enjuiciamiento ante un Juzgado de lo Penal contra el alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP), al que considera autor de un delito de prevaricación administrativa por el que pide una pena de siete años de inhabilitación especial para cargo público de concejal.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 15 de diciembre de 2009, cuando Morillo, "en su condición de alcalde" de La Guardia, solicitó por escrito "en papel oficial del Ayuntamiento" a la empresa Aqualia un adelanto de "540.000 euros con cargo variable de la concesión de servicios de suministro domiciliario de agua, alcantarillado y depuración" del municipio que, según indicaba el regidor, la empresa tenía que abonar "por importe de 0,135 euros metro cúbico anualmente" al Consistorio.
El director de la zona sur de Aqualia respondió en otro escrito indicando que "su entidad estaba conforme en realizar esta operación de préstamo", para cuya devolución fijó unas condiciones económicas que incluían "un interés nominal del 7,8 por ciento", al tiempo, que, posteriormente, le manifestó al alcalde que "para la concesión del dinero era necesaria" la firma de éste.
Morillo, "consciente de lo que hacía y de sus consecuencias, firmó en la misma carta que había sido remitida por Aqualia, añadiendo a su firma la expresión 'conforme'" y bajo su nombre "la expresión 'Excmo. Sr. Alcalde'".
Según indica el escrito de la Fiscalía, Aqualia cumplió lo acordado, "adelantando el dinero que se ha usado para fines municipales y ha girado la correspondiente liquidación de intereses conforme a las condiciones pactadas con el acusado en el documento citado de 17 de diciembre de 2009 al que dio su conformidad".
Para el Ministerio Público, Morillo, que es alcalde desde 2003, "sabía perfectamente que carecía de competencia para realizar esta operación mercantil y que se estaba haciendo al margen de procedimiento legalmente establecido", ya que "la cantidad solicitada sobrepasaba en casi el doble el diez por ciento de los recursos ordinarios del municipio, 253.698,82 euros", por lo que "la competencia correspondía al Pleno por mayoría absoluta de los miembros de la corporación", algo de lo que "era perfecto conocedor el acusado".
Además, la operación "se debía haber formalizado en documento administrativo, póliza o documento mercantil acreditando en el mismo que la cantidad contaba presupuesto aprobado para el ejercicio o, en su caso, que concurrían algunas de las excepciones legales reguladas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, de lo que era perfecto conocedor el acusado".
Morillo también "hizo caso omiso deliberadamente al informe preceptivo y previo de la intervención municipal que el acusado debía haber recabado antes de obligarse con su conforme, en donde el interventor hubiera informado de la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a las obligaciones que se derivaban de esta operación crediticia".
Para el Ministerio Público, estos hechos constituyen un delito de prevaricación administrativa del que es autor el alcalde Juan Morillo, para el que pide una pena de siete años de inhabilitación especial para cargo público de concejal "y de los honores que le son anejos". Además, pide que se declare nulo el acto administrativo que ha dado pie a este caso.
Cabe recordar que este escrito deviene del auto que el pasado 14 de marzo el Juzgado de Instrucción número uno de Jaén dictó y en el que interesaba que se siguiera un procedimiento abreviado contra Morillo por este supuesto delito, un documento contra el que el propio alcalde anunció que iba a interponer un recurso.