El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha condenado al letrado Fernando del Valle, que actualmente está en la cárcel por delito de blanqueo de capitales por el caso 'Ballena Blanca', a dos años de prisión y al pago de un multa de 511.900 euros por un delito contra la Hacienda Pública por una operación de compraventa de un inmueble a través de sociedades. Se le absuelve de otro delito igual.
En la sentencia también se condena a una empleada del despacho a la misma pena. Se considera probado que en 1982 se constituye la sociedad Aurea Internacional en Panamá y en 1999 se otorgó a Del Valle y la empleada un poder para representar a la sociedad en España. La empresa era propietaria de un apartamento y dos plazas de aparcamiento en Marbella (Málaga).
El letrado, dice la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, firmó en 2001 con otro acusado, ya fallecido cuando el juicio, un contrato de arrendamiento en relación con esos inmuebles y otro posterior de opción a compra sobre la finca arrendada por el precio de un millón de dólares, pretendiendo el procesado fallecido no aparecer él directamente en dichas operaciones.
Así, se concertó con el abogado para adquirir las participaciones de Aurea Internacional, primero mediante transferencias de dos sociedades y, luego, a través del despacho de Del Valle, constituir otra empresa que, aunque su objeto social era la explotación de fincas, "nunca ha tenido actividad mercantil". En estas operaciones, señala la sentencia, también participó la empleada.
La aportación por parte de Aurea Internacional de los inmuebles en pago de las participaciones sociales que suscribió la otra sociedad, se indica, generó un impuesto de renta de los no residentes "sin que los representantes --Del Valle y la empleada-- no obstante de tener conocimiento de la obligación tributaria de la mercantil, presentaran la correspondiente declaración".
Dicha declaración de autoliquidación correspondiente al ejercicio 2003 se practicó con carácter provisional por la Agencia Tributaria en el curso de un expediente iniciado y que arrojó una cuota de 170.647 euros. Al letrado se le acusaba por otro delito contra la Hacienda por la omisión en la declaración del IRPF por no justificar una ganancia, por el que se le absuelve al considerarlo prescrito.
Respecto a los hechos por los que se les condena a ambos acusados, la jueza señala que el delito queda acreditado por la documental que existe en la causa, reiterando que la aportación de los inmuebles de la primera sociedad para la constitución de la segunda "supone una alteración patrimonial sujeta al impuesto sobre la renta de no residentes".
Aunque el letrado negó ser el representante de Aurea Internacional en todos los actos jurídicos, indicando que sólo tenía poder para determinadas actuaciones y que no era su asesor fiscal, la jueza determina que existen pruebas de que era el representante legal en España. Asimismo, abunda la juzgadora, en cualquier caso existe prueba de cargo de que ambos tiene la condición de cooperadores necesarios en el delito fiscal.
Por esto, se les condena a cada uno por un delito contra la Hacienda Pública sobre el impuesto de no residentes en calidad de cooperadores necesarios. Además de los dos años de prisión y la multa, en la sentencia, que se puede recurrir, se les condena a que de forma conjunta y solidaria indemnicen a la Hacienda Pública en la suma de 170.647 euros.