La red clientelar de Tomares

El PA ampliará en el Tribunal Supremo la denuncia contra José Luis Sanz, alcalde de Tomares y senador por el PP, al entender que las irregularidades en las contrataciones no sólo se dieron con el concejal ya imputado Juan Campos, sino con más de una docena de cargos del PP y sus familiares,realizadas a través de Guerra 21, una empresa que consideran “pantalla” y a través de la cual se vulneró la Ley de Contrataciones.

El portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha asegurado, en declaraciones a Viva Sevilla, que analizando el auto “impecable” de la jueza de Instrucción 8 que se inhibe a favor del Supremo ante los indicios de delito de prevaricación y malversación por parte de Sanz, que Guerra 21 “no sólo enchufó a Campos” sino a una docena de cargos del PP y familiares de concejales.

Entre estos se encuentra la hija del imputado Campos, un exinterventor del PP y sus dos hijos, dos hijos de la delegada Mercedes Campos -también imputada-, el hijo de Alfonso Braojos -el interventor y también imputado-, el exsecretario de Nuevas Generaciones, la actual concejal de Juventud y su hermano, el hijo del expresidente del PP de Tomares (que también fue contratado como asesor del Ayuntamiento), un familiar de la actual secretaria y a la antigua secretaria, actual concejala de Limpieza.

Según Mercado, todos fueron dados de alta en la misma empresa en la que se contrató a Juan Campos “y en el auto queda acreditado que se vulneró la Ley de Contratación” para seguir “cobrando haciendo lo mismo que antes”. “Enchufados como tal es difícil de demostrar pero que existen irregularidades en contratación administrativa, que también está tipificado, sí que hubo”, asegura el edil andalucista. “Más cuando era el propio Eloy Carmona -también imputado- el que decía a quien se contrataba”, añade.

“Si el Supremo estima la imputación de Sanz, que entendemos que se va a producir porque él es el cerebro, el que crea la operación, el que ha ideado el negocio, pondremos en conocimiento el escrito de acusación”, explica Mercado, que insiste en que el auto “impecable”, las diligencias, las testificales y las pruebas lo señalan como el “cerebro” y es “imposible que no lo conociera”, por lo que ha exigido su cese tanto como alcalde como senador.

Mercado recuerda que Sanz fue “el que creó la trama” al firmar el documento que en octubre de 2007 contrataba a Juan Campos y que el auto judicial respalda que los informes supuestamente elaborados por este edil entre el 2007 y el 2008 “eran falsos y se habían realizado a posteriori, cuando lo solicitó la oposición en febrero del 2013”, mientras las facturas corresponden a los años 2007-2009.

Preguntado por la posibilidad de que el Supremo no aprecie indicios de delito en la actuación de Sanz y devuelva el caso al juzgado de Sevilla, que ya tiene imputados a cuatro ediles y al interventor, Mercado asegura que continuará con su denuncia de esta “administración paralela que ha desarrollado sus negocios alrededor del Ayuntamiento”. “Aquí ha habido malversación, prevaricación y cuentas no justificadas y seguiremos exigiendo claridad”, asegura.

Además, ha exigido a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP-A, que “actúe de inmediato” ante en este caso, preguntándose si tiene algo que ver que Sanz fuera gerente del PP de Sevilla en la época de Luis Bárcenas como tesorero y que éste habló de la existencia de una “Caja B”.