La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una serie de "deficiencias" en materia presupuestaria y de "incumplimientos" en relación con los principios y normas de contabilidad en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca Cordobesa Alto Guadalquivir.
En el informe de 'Fiscalización de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca Cordobesa Alto Guadalquivir. Ejercicios 2010-2011', consultado por Europa Press, se recuerda que esa comarca agrupa un colectivo de 45.263 habitantes, repartidos entre los ocho municipios que la componen, esto es, Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca de Córdoba. La plantilla de la Mancomunidad, constituida en 1998, estaba formada por 14 trabajadores.
Ha recordado que desde 2001 la Mancomunidad cuenta, para la gestión directa, con la sociedad Promalquivir y Desarrollo SL. Esta empresa de titularidad íntegramente de la mancomunidad se constituyó para "planificar y organizar cuantas actividades pudiesen apoyar al desarrollo y la promoción económica, social y cultural de la entidad titular".
Asimismo, de forma indirecta, la Mancomunidad ha prestado servicios para el desarrollo económico y para la formación y promoción del empleo, a través de dos consorcios constituidos para tal fin, esto es, el consorcio Expoalquivir, que no tiene actividad desde 2009, y el consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico Alto Guadalquivir (Utedlt), que está en proceso de extinción.
Además, la Mancomunidad mantiene convenios con una serie de asociaciones sin fines de lucro, como son Red Andaluza de Desarrollo Estratégico Urbano y Territorial (Radeut), Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Asociación Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca Cordobesa Alto Guadalquivir (CIT) y la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS). El importe total que ha supuesto para la Mancomunidad las transferencias y aportaciones a las mencionadas entidades ha sido de 34.876 euros en 2010 y 33.344 euros en 2011.
El ente fiscalizador ha indicado que se han registrado una serie de "limitaciones, incumplimientos y salvedades", que provocan una opinión "denegada" para las cuentas anuales de la Mancomunidad y una opinión "desfavorable" de los estados financieros de la sociedad Promalquivir y Desarrollo SL.
Así, entre esas limitaciones figuran el hecho de que la Mancomunidad "no ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2010 ni las de los ejercicios anteriores", lo que da "provisionalidad" a las cuentas anuales del ejercicio 2010 y a los ajustes propuestos por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Cuenta General del ejercicio 2011.
Por ello, la Cámara recomienda a la Mancomunidad "la obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económico-financiera que ha realizado durante el ejercicio" y la recuerda que "para ello, tiene que elaborar sus cuentas anuales, ya que reflejan la forma en la que se desarrolla su actividad y proporcionan información sobre la gestión de los servicios públicos realizados".
El informe apunta la "inexistencia" de relaciones nominativas certificadas, así como la "falta de respuesta" a la petición de confirmación de los saldos del 61 por ciento de los acreedores requeridos, lo que "ha imposibilitado verificar los saldos acreedores de la Mancomunidad".
Además, indica que la Mancomunidad "no ha establecido procedimientos administrativos y de supervisión que garanticen el adecuado registro de todas las operaciones y cumplimiento de los principios y normas de contabilidad aplicables", lo que ha generado "por un lado, numerosos errores y deficiencias detectados en la imputación de las aplicaciones presupuestarias y de las cuentas del balance y del resultado económico-patrimonial, que en la mayoría de los casos proceden de ejercicios anteriores a los fiscalizados".
Ha explicado que "se han llevado a cabo reclasificaciones de derechos reconocidos netos de 2010, por 2000 euros, de las obligaciones reconocidas netas de 2010 y 2011, por 6.256 euros y 50.919 euros, respectivamente, y ajustes en una serie de cuentas de 2011, como el balance de situación, toda vez que el importe total de los ajustes reducen el activo y pasivo en 2.599.545 euros; en la cuenta de resultado económico-patrimonial, toda vez que incrementan el desahorro presentado en 7.257 euros, por lo que las pérdidas de ejercicio ascienden a 32.267 euros; en el remanente de tesorería, cuyo saldo para gastos generales pasa de 90.409 euros a, una vez ajustado, 83.152 euros".
INCUMPLIMIENTOS EN CONTABILIDAD
Asimismo, indica que, por otro lado, ha ocasionado una serie de incumplimientos en relación a los principios y normas de contabilidad aplicables, toda vez que "se incumple el Reglamento de Bienes de las Entidades y otras normas, al no contar la Mancomunidad con un inventario de los bienes que figuran registrados en las cuentas del inmovilizado".
Agrega que la Mancomunidad "no contabiliza las amortizaciones de los bienes del inmovilizado, por lo que incumple lo establecido, ni ha hecho uso del sistema de información que permite el seguimiento de los proyectos de gastos con financiación afectada". Asimismo, el informe apunta que "se incumple lo previsto en la orden que aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en relación a que el código tiene carácter cerrado y obligatorio en sus niveles de capítulo y artículo y además la clasificación de los gastos presupuestarios por conceptos económicos no es la más adecuada".
El informe indica que la entidad, cuando ha contraído una obligación sin consignación presupuestaria, "no ha formalizado los preceptivos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos".
Asimismo, indica que "no consta que la persona responsable de la Intervención de la Mancomunidad coordine las funciones o actividades contables de la entidad local y de la sociedad mercantil dependiente, incumpliendo lo establecido por ley", lo que ha causado "incumplimientos y errores", toda vez que las cuentas anuales de la Mancomunidad "no incluyen la preceptiva memoria, que complementaría la información sobre la situación económico-financiera y presupuestaria de la entidad y sobre la gestión de los servicios públicos locales".
Agrega que "tampoco se ha llevado a cabo un control de eficacia" y "se incumple la normativa, ya que no consolidan el presupuesto con los estados de previsión de la sociedad mercantil Promalquivir y Desarrollo, SL".
El informe indica que de la revisión realizada a las cuentas anuales, "no consta que Promalquivir y Desarrollo SL haya registrado en el balance el deterioro de valor de las inversiones financieras a largo plazo, que corresponde a la participación de la sociedad en el patrimonio del Grupo de Comunicación Alto Guadalquivir SL, y que ha supuesto un total de 15.999 euros".
Además, se registran una serie de deficiencias, como que la Mancomunidad "carece de manuales o instrucciones que establezcan los procedimientos a seguir en el funcionamiento de los servicios y delimiten las tareas que se atribuyen a los distintos puestos". Añade que "no hay un marco regulador donde se establezcan las condiciones aplicables a los empleados laborales de la Mancomunidad" y precisa que "no existe un plan de organización que proporcione una segregación de las funciones a desarrollar".