El Sector Estatal del Mar de CCOO ha denunciado ante la Fiscalía de Huelva a la Autoridad Portuaria de Huelva por la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, falsedad, ambiental, contra los trabajadores y contra la integridad moral.
La denuncia va dirigida contra la presidenta y el director de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz y Pedro García, respectivamente; y contra la delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret, ha informado el sindicato en un comunicado.
Según la denuncia, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva "supuestamente ha cometido delito de prevaricación por dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en julio de 2013 según la cual se adjudicó a Sandetel la prestación de un servicio informático que prestaban los empleados de la Autoridad Portuaria por 1.134.237,85 euros, en contra del informe del Abogado del Estado".
CCOO ha denunciado igualmente "la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000".
En este caso, se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como "un delito de fraude de subvenciones, ya que la obtenida a través de los fondos FEDER comunitarios de más de 120.000 euros se hizo supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos".
Igualmente, la denuncia presentada ante la Fiscalía recoge la supuesta comisión, por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva, de un delito de malversación de fondos públicos por "haber introducido pagos a los Abogados del Estado por la asistencia a los Consejos de Administración y el Asesoramiento Jurídico de los mismos durante el ejercicio 2012 la suma total aproximada de 12.000 euros, sin que haya facturas ni otro documento que lo justifique".
Asimismo vienen a denunciar una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad.
Finalmente, desde el Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, al margen de las responsabilidades penales que se tendrán que dirimir los jueces, se exigen "responsabilidades políticas ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
