La Fiscalía Provincial de Córdoba ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera, para investigar la supuesta comisión de un delito medioambiental tras los vertidos de colectores de aguas residuales que resultaron dañados como consecuencia de las inundaciones del verano del año 2010 y que no fueron reparados por ninguna administración.
Según recoge el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita entre las diligencias a realizar que el Ayuntamiento certifique quiénes han sido los alcaldes y concejales con competencias en obras públicas desde julio de 2010 para tomarles declaración en calidad de imputados y, además, se tome declaración en calidad de imputado a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa).
En concreto, la decisión llega después de que Unidad Popular de Aguilar de la Frontera (UPOA), el principal grupo de la oposición en el Consistorio, presentara una denuncia ante la Fiscalía por los hechos citados contra el Ayuntamiento, la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba y la Diputación por su "pasividad" a la hora de arreglar dos colectores que permanecen averiados desde las intensas lluvias que cayeron en agosto de 2010, según adelanta la prensa provincial.
Al respecto, el portavoz de UPOA, Antonio Zurera, ha destacado que "esta medida de la Fiscalía supone un respaldo importante a la denuncia presentada por su organización en diciembre de 2013 y a las dos mociones presentadas al Pleno que contaron con el voto en contra de los demás partidos".
En este sentido, UPOA se va a presentar como acusación para estar presente en la instrucción de estos posibles delitos medioambientales y defender "el bolsillo de los ciudadanos", ya que, según señala, "el canon de depuración, cobrado sin la prestación del servicio, podría ascender a 1.200.000 euros".
Así, la denuncia de UPOA apuntaba a la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente, pues la red de saneamiento vierte directamente a los cauces; un delito defraudatorio, ya que los vecinos pagan el canon de depuración sin que este proceso se produzca; un delito contra la salud pública, ya que los vertidos "pueden afectar a zonas de huertas", y a un presunto delito contra la seguridad vial por omisión, debido a que hay un tramo de carreteras que tampoco ha sido arreglado desde las riadas.
La denuncia pedía la responsabilidad del Ayuntamiento puesto que UPOA ya presentó sendas mociones al Pleno, una en febrero de 2011 y otra en octubre del año pasado, que fueron rechazadas. La primera contó con los votos en contra del PSOE, que en aquel momento tenía mayoría, mientras que en la última se opuso toda la corporación. En cuanto a Emproacsa y la Diputación, su supuesta responsabilidad radicaría en que son las administraciones competentes en el mantenimiento de la red de saneamiento del municipio.
Ante esta denuncia, la Fiscalía ha realizado una serie de peticiones, como un informe al Seprona sobre la visita de sus efectivos a dos puntos en los que se producían los vertidos. Uno de ellos ubicado en la parte Norte, cerca de la carretera de la estación, y el otro a la altura del kilómetro 0,5 de la carretera CO-5212, punto en el que "se evidencia el vertido de aguas al cauce del arroyo de la Huerta del Nido".