El PSOE de San Fernando reprocha al Ayuntamiento que continúe en su línea de no apostar por la integración y la igualdad de personas con algún tipo de discapacidad concretamente, al no poner en marcha el servicio de atención en lengua de signos para personas sordas “complicando así y haciendo la vida más difícil a las personas con discapacidad auditiva que tienen que realizar cualquier trámite administrativo”.
Durante una reunión con miembros de Apersorisla -la asociación de personas sordas de San Fernando 'La Isla'- la portavoz del PSOE isleño, Patricia Cavada, ha recogido las reivindicaciones de un colectivo que lleva años demandando un servicio que les facilite información, medios y herramientas de comunicación así como asistencia para realizar las distintas gestiones que “resultan sencillas para una persona sin discapacidad pero que son imposibles de hacer para otra con discapacidad auditiva”.
El interés de los socialistas por este problema no es nuevo y entienden que es “una asignatura pendiente” del equipo de gobierno. En este sentido, Patricia Cavada recuerda la moción que planteó el Grupo Municipal Socialista, y que salió adelante en el pleno municipal de enero de 2013, para que el Ayuntamiento pusiera en marcha este servicio.
“Proponíamos dos alternativas: que este servicio fuese prestado por personal municipal recibiendo con anterioridad una formación en Lengua de Signos Española o que fuese Apersorisla, mediante la firma de un convenio, la que lo llevase a cabo con una intérprete de manera permanente”, explica Cavada; que entiende que esta formación debería extenderse igualmente hasta los agentes de la Policía Local “de forma que puedan entenderse con una persona sorda que esté, por ejemplo, solicitando alguna información o pidiendo auxilio porque tiene un problema”.
Igualmente, recuerda Patricia Cavada las reclamaciones socialistas para contar con intérpretes de lengua de signos en los actos públicos organizados por el Ayuntamiento, como los que tuvieron lugar en el Bicentenario, existiendo incluso otra moción aprobada para que las sesiones plenarias fueran accesibles para las personas sordas o con discapacidad auditiva que tampoco ha llegado a materializarse.
“Además de este notable desinterés de Loaiza por cumplir una obligación que debe tener toda administración pública, es evidente también su falta de sensibilidad y solidaridad hacia estas personas”, subraya Cavada, que incide igualmente en la falta de apoyo que reciben asociaciones como Apersorisla, entidad que ha visto como su número de socios se iba reduciendo año tras año, desde su nacimiento en 2006, como consecuencia de las dificultades que surgen al no contar con un local adecuado a sus necesidades de espacio y tiempo.
Propuesta
En este contexto, desde el PSOE isleño van a proponer a la Mesa por el Empleo, que esperan se convoque la próxima semana, una serie de actuaciones entre las que se incluye una dirigida especialmente al colectivo de personas con discapacidad, en relación al programa Emple@ Joven de la Junta de Andalucía.
De esta forma, tal y como detalla Patricia Cavada, entre las categorías que establece el decreto-ley para la presentación de proyectos se encuentra la de cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio “en la que proponemos la formación a personal municipal para la atención a personas con discapacidad; así como una auditoría y plan de adaptación de espacios públicos para personas con discapacidad”.
Cabe recordar que dentro de las medidas que recoge el citado decreto se establece la iniciativa de cooperación social y comunitaria para el impulso del empleo joven, con el objetivo de promover la contratación directa de jóvenes por parte del Ayuntamiento para la realización de trabajos de cooperación social y comunitaria “adquiriendo de este modo la experiencia necesaria para mejorar la empleabilidad”.
“La Junta de Andalucía ha puesto a disposición del Ayuntamiento más de 2,2 millones de euros que podrían generar en torno a 375 empleos entre jóvenes de 18 y 29 años. Con esta iniciativa que proponemos se cumple, además,uno de los objetivos que persigue el decreto, el de utilidad social”, apunta Cavada, que espera que el Ayuntamiento isleño “recoja una propuesta que sólo persigue dar un trato igualitario a todos los isleños e isleñas".