Un juzgado ha admitido a trámite la demanda por lesiones al derecho al honor, a la intimidad personal o a la propia imagen interpuesta por la diputada provincial de IU María Asunción Pérez Cotarelo contra dos miembros del actual equipo de Gobierno del PP de la Diputación de Granada.
Las acciones legales han sido ejercidas en concreto contra Melinda Sádaba y José Torrente, a los que se reclama 100.000 euros por los supuestos daños causados a Pérez Cotalero, que ya anunció la presentación de esta demanda el pasado 11 de junio, cuando declaró como imputada en un proceso derivado del "caso Mercamed".
Entonces, Pérez Cotalero señaló que se sentía satisfecha de su declaración ante el juez, en la que puso de manifiesto que toda la tramitación investigada sobre la gestión de fondos destinados a una feria en Marruecos se hizo de manera "correcta" y "con todas las garantías", avalada además por una autoría externa.
"Todo es un puntito más a un maltrato absoluto que se está teniendo hacia mi persona desde hace tres años", manifestó la diputada.
Según IU, los daños ocasionados se produjeron en el marco de "desafortunadas" declaraciones, principalmente en medios de comunicación, que trataban de desacreditar su honor profesional y personal durante tres años.
El contexto de las declaraciones que propiciaron la demanda a los diputados populares es el de los casos "Mercamed y Magrec", por el que Pérez Cotarelo fue imputada junto al exvicepresidente de la Diputación Julio Bernardo Castro.
Desde IU han defendido que ambas imputaciones carecen de fundamento y suponen más una "campaña de desprestigio" político contra Izquierda Unida que una acusación seria.
La diputada de IU, que se ha mostrado confiada en que la causa en la que está imputada será archivada "en breve", ha dicho que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" de haber gestionado todo correctamente.