El consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado este jueves que solicitará de manera inmediata al ministro de Defensa, Pedro Morenés, una reunión para abordar la situación de los trabajadores españoles en la base norteamericana de Morón de la Frontera (Sevilla), dada la incertidumbre que hay en este momento sobre el futuro de los empleos. Ha considerado que el ministro tiene que dejar sus respuestas "tibias" e implicarse en la solución de este problema.
Jiménez Barrios ha hecho este anuncio tras mantener, en la sede del Parlamento andaluz, una reunión con representantes del comité de empresa de la base de Morón y con los alcaldes de la comarca (Morón, Arahal, Utrera, El Viso del Alcor o El Coronil), a los que ha trasladado la preocupación de la Junta por la situación de esos trabajadores. El consejero también solicitará una reunión con el embajador de EEUU para tratar este asunto.
En declaraciones a los periodistas, ha recordado que la incertidumbre actual obedece al hecho de que la empresa de mantenimiento y servicios portuarios que tiene actualmente el contrato en la base, VBR, ya ha planteado dos expedientes de regulación de empleo y de un plantilla de unos 600 empleados se ha pasado a 375, a los que se ha prorrogado el contrato hasta marzo de 2015, pero sobre ellos se cierne la "amenaza" de unos 150 despidos más.
Según ha agregado, ello genera una gran preocupación para la economía y el empleo de la comarca y, por ello, el Gobierno andaluz quiere buscar una solución, de manera que él solicitará sendas entrevistas al ministro de Defensa y al embajador de Estados Unidos en España, con el objetivo lógico de la defensa de los puestos de trabajo.
Para el consejero, es de sentido común que el territorio donde está asentada la base tenga también la compensación lógica sobre la economía y el empleo. Ha apuntado que el ministro español tiene que implicarse para conseguir, en virtud del Tratado bilateral entre EEUU y España, que esa redistribución de la riqueza que tiene que producir la base sea la justa y equitativa.
En su opinión, no tiene ningún sentido y es difícil de entender que al mismo tiempo que se incrementa la presencia de militares norteamericanos y de la actividad en la base, se disminuye el nivel de empleo español.
Jiménez Barrios ha querido dejar claro que la Junta va a ser exigente y firme en la defensa "de lo que siempre ha sido tradicional", que una base de este tipo genere empleo y estabilidad laboral. Ha defendido también la readmisión de esos trabajadores que fueron incluidos en los ERE y que han tenido sentencias judiciales favorables.
Esta situación, según ha insistido, requiere de la implicación de todas las administraciones y poderes públicos y ha lamentado que, hasta ahora, la respuesta del ministro de Defensa siempre haya sido "tibia".
Por su parte, el secretario general de la federación del Metal y Construcción de UGT-A, Manuel Jiménez Gallardo, ha valorado la preocupación de la Junta por la situación de los trabajadores españoles en la base y ha señalado que el Gobierno central tiene que sensibilizarse ante este problema y recibir al comité de empresa.
Como ejemplo de la situación laboral "sangrante" en la base, ha señalado que cuando había 600 trabajadores, el número de marines era de cien, mientras que en la actualidad hay casi 1.000 marines y unos 400 empleados. Ha pedido que revise el convenio bilateral entre España y EEUU y se regule el ratio personal laboral-personal militar, como ocurre en otros países.
