La Fiscalía de Granada ha mantenido este jueves su petición de tres años de prisión para los tres acusados por el robo de la caja fuerte del Granada CF en el Estadio Los Cármenes el 18 de octubre de 2011 que guardaba la recaudación obtenida por la venta de entradas del encuentro disputado entre el club rojiblanco y el Barcelona FC, que ascendía a más de 131.000 euros.
Se trata de Juan C.C.S., entonces jefe de seguridad de la empresa municipal encargada del mantenimiento y seguridad del Estadio de los Cármenes, Gegsa; Jonathan L.G., técnico instalador de la empresa Tecnimatic Security, según el fiscal; y su gerente y hermano, Daniel L.G., a quienes se les atribuye un delito de robo con fuerza en las cosas.
La acusación particular, que ejerce el Granada CF a cargo del letrado Jesús Huertas, reclama para ellos por el mismo delito una pena de cinco años de cárcel, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los tres procesados al entender que su imputación está basada en meras "sospechas" o "conjeturas" que no tienen fundamento.
Sin embargo, el Ministerio Público ha considerado, en la lectura de su informe, que durante el juicio, que se ha desarrollado en el Juzgado de lo Penal 3 desde el pasado lunes, ha quedado "acreditado" que el robo ha existido y ha señalado que, de lo contrario, "se le habría metido uno de los mejores goles de su vida" a la Policía Nacional. Según el fiscal, no se puede poner en duda ni la recaudación de ese 18 de octubre ni la existencia de una caja fuerte, que debía ser además desplazada en un coche.
Se trató de un "robo limpio" que se cometió "sin fuerza" lo que evidencia que se ejecutó por alguien que conocía las instalaciones y sus accesos, alguien que podía ser "del presidente del Granada para abajo", y que podía saltarse el sistema de seguridad. Para ello, se utilizó una tarjeta 300 general, de acceso total, desde las 21,30 horas hasta las 22,39 en varias ocasiones, tarjeta que había expedido previamente el acusado Juan C.C.S., como jefe de seguridad de Gegsa.
Sobre este procesado, el fiscal ha recordado además que no entregó a la Policía las imágenes que había disponibles antes de que él mismo desconectara las cámaras el día 17, alegando que estaba ocupado por la existencia del partido contra el Barcelona, y "llama poderosamente la atención", que finalmente después el disco duro que almacenaba las grabaciones fuera también sustraído. Se trataba de una persona "minuciosa" y "activa" aunque actuó de forma "pasiva" ante la Policía, según ha recalcado.
PARTICIPACIÓN DE LOS HERMANOS, SEGÚN EL FISCAL
En relación a la participación de los hermanos Daniel y Jonathan L.G., el Ministerio Público ha incidido en que en sus declaraciones iniciales negaron haber estado en las inmediaciones del campo el día del robo, aunque después modificaron su versión. Además, como responsables de la empresa que había instalado los sistemas de seguridad en las oficinas del Granada tenían "capacidad de gestión" para poder fabricar los mandos y conocer las claves de las alarmas que fueron franqueadas para cometer el robo.
Para el fiscal, el cúmulo de pruebas contra Juan C.C.S. es en definitiva "importante" y contra los otros dos inculpados "suficiente". Sin embargo ha reconocido que quizá pueda haber más implicados, aunque ha incidido en que "todos los que están, son".
En la misma línea, el abogado de la acusación particular ha mantenido que Juan C.C.S. no pudo cometer solo el robo, sino que necesitaba de una o más personas para que le facilitaran el acceso a las oficinas, en este caso, en su opinión, los responsables de Tecnimatic, una empresa que además "no estaba pasando por su mejor momento" económico. "Disponían de los conocimientos y modos para burlar las medidas de seguridad que ellos habían instalado", ha indicado el letrado, para quien es "inverosímil" la coartada de los hermanos.
Asimismo, ha admitido que sí existía "descontrol" por parte del Granada CF en el uso de las tarjetas usadas para abrir los accesos, si bien ha señalado que es "precisamente eso" la que Juan C.C.S. y los otros dos inculpados "aprovecharon" para "idear" el robo.
INFORMES DE LAS DEFENSAS
La defensa de los dos hermanos ha mantenido que "el único indicio" contra ellos dos es las llamadas cruzadas con Juan C.C.S., además de otras "sospechas" o "conjeturas". Además, ha achacado sus declaraciones iniciales a la "torpeza" y al desconocimiento de los inculpados, y ha incidido en que eso no es suficiente para apuntar su responsabilidad.
De igual forma ha señalado que no hay indicios de extraordinaria fuerza probatoria para condenarlos, y que, de hecho, las "sospechas" que caen sobre ellos no tienen que ver "con la lógica y la experiencia", y también ha cuestionado el papel del Granada CF en este caso y ha considerado que atribuir a un club "de Primera División" un "auto-robo" es "políticamente incorrecto".
El abogado de Juan C.C.S. también ha censurado el "intento de incriminar" a toda costa a su cliente, cuando no existe prueba contra él sino "tergiversaciones" y "malas interpretaciones". Se trata de una persona "que no tiene necesidad de robar" y habría sido "absurdo" que después de 20 años trabajando en Gegsa decidiera sustraer la recaudación del Granada que, por otra parte, no tenía por qué saber que se había dejado esa noche en la caja fuerte instalada en la oficina del club, dentro del estadio.
Asimismo, según su abogado, no tenía por qué haber desconectado las cámaras, pues se conocía las instalaciones de forma suficiente como para entrar en las oficinas sin ser captado, y también tenía la posibilidad de haber manipulado las tarjetas de acceso si él hubiera querido, con lo que su supuesta inculpación está basada sólo en "malas interpretaciones".
Por su parte, el Ayuntamiento de Granada y la empresa Gegsa, a los que se les considera responsables civiles subsidiarios, han coincidido en que no está clara la cantidad presuntamente robada, y han indicado que, sin nombrar a culpables, el Granada CF podría haber aprovechado la ocasión para "inflar" la cifra, que además no dio a conocer hasta dos meses después de lo ocurrido, pese a contar con sistemas informáticos suficientes.
Finalmente, los tres acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra. Jonathan L.G. se ha limitado a decir que es "totalmente inocente", mientras que su hermano Daniel se ha extendido algo más, indicando en el "daño" que se le ha hecho a su familia y a su empresa. "Nos han destrozado la vida" ha indicado el inculpado, quien ha señalado que la suya es una empresa familiar que se había hecho "un hueco" y un "nombre" en el sector que "ahora se ha manchado para siempre":
Por último, Juan C.C.S. ha indicado que "está todo dicho": "No puedo hacerles perder más tiempo", ha concluido el acusado, con lo que el juicio ha quedado así visto para sentencia.