El juez Elpidio José Silva ha negado este viernes ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Susana Polo haber sido quien filtró a la prensa los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Se le acusa de un presunto delito de revelación de secretos.
Su abogado, Gonzalo Boyé, ha apuntado a las puertas del tribunal que su cliente no los ha tenido "nunca" y que la revelación la ha podido realizar "cualquiera", desde la Fiscalía hasta el propio tribunal o Bankia, que sí disponían de ellos. Silva ha permanecido declarando una media hora en la que únicamente ha respondido a las preguntas de su letrado.
La llegada de Silva, que tomaba café en los alrededores del TSJM media hora antes de la hora de la cita judicial, había causado gran expectación entre los medios informativos porque había sido apercibido de que si no lo hacía podía ser detenido.
Se trata de la tercera ocasión en la que se le llamaba por estos hechos después primera vez no declarase al pedir la recusación de la instructora de esta causa, que fue rechazada de plano, y de que la segunda vez plantara al TSJM tras asegurar no haber recibido la citación.
"Lo que se ha hecho es explicar que los correos los ha podido revelar cualquiera menos mi defendido porque evidentemente no los tiene", ha afirmado Boyé, para añadir que, "de hecho, quienes tienen esos correos son la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, la propia instructora, el señor Gavilán (instructor de otra causa que se sigue contra Silva por prevaricación), Bankia*. Mucha gente los tiene y cualquiera de ellos ha podido revelarlos".
El abogado del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, actualmente en excedencia para presentarse a las elecciones europeas, ha manifestado también que su cliente "únicamente ha contestado a la única parte legitimada para interrogarle", que es él mismo.
GASTO DE RECURSOS PÚBLICOS
"Esta causa no tiene ningún fundamento, es gastar recursos públicos por gastarlos y por lo tanto hemos decidido que se responda dentro de la lógica corrección pero sólo ha contestado a mis preguntas, que han sido muy extensas y han abarcado toda la causa, pero no estamos dispuestos a participar de un circo como este procedimiento", ha añadido Boyé.
La magistrada Susana Polo mantiene imputado en esta causa al juez Silva por un presunto delito del artículo 417 del Código Penal, que castiga al funcionario que revele secretos de terceros de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que conlleva penas de multa, inhabilitación e incluso prisión.
La comparecencia ante Polo se ha producido después de que Ediciones Península entregara al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la documentación que requirió acerca del libro 'La Justicia desahuciada' escrita por el magistrado que inició la instrucción del denominado 'caso Blesa'.
En el marco de esta causa, la magistrada ha tomado declaración a ocho testigos que han negado haber colaborado con la filtración de los e-mails del exbanquero, a quien se llegaron a intervenir 8.777 correos corporativos. Una antigua amiga íntima de Silva afirmó que él le dijo que disponía de ellos y que guardaba el sumario en su domicilio.
REPUTACIÓN DE BLESA
La Fiscalía Superior de Madrid apuntó a la existencia de indicios de delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, después de que el magistrado Jesús Gavilán preguntara por la conveniencia de esclarecer estos hechos.
El afectado, Miguel Blesa, ha denunciado el "gran daño" personal y familiar que Silva le causó durante la instrucción y le ha acusado de intervenir sus correos para "arruinar" su "reputación personal y profesional" y de "auspiciar" que su contenido tenga la máxima difusión, según el escrito de acusación.
Por otra parte, el juez Silva será de nuevo juzgado desde el próximo 7 de julio por presunta prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a la cárcel.
El líder de Movimiento Red también ha sido denunciado por una testigo protegida por supuestos malos tratos psicológicos, una causa que será investigada en los Juzgados ordinarios de Madrid al concernir a hechos presuntamente cometidos al margen de su cargo como magistrado.
El juez ha creado un bufete de abogados en la capital y se ha estrenado en la defensa de un procurador en un caso que lleva el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid. Silva, catedrático en Derecho Penal, tiene en mente abrir nuevas sedes del despacho en otros puntos de España.