La Fiscalía ha solicitado un total de cuatro años de prisión para cuatro arquitectos y promotores acusados de un delito contra la ordenación del territorio por el que interesa además la demolición de siete viviendas ubicadas en la urbanización 'Las Palmeras' de Albox (Almería) que fueron adquiridas por varias familias británicas.
Así consta en el escrito de acusación fiscal consultado por Europa Press en el que también se pide prisión e inhabilitación contra el exedil de Urbanismo de Albox, si bien el fallecimiento del mismo ha conllevado la cancelación de su enjuiciamiento. Para él, el Ministerio Público solicitaba nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público.
Según el escrito, los promotores H.A.G. y A.G.G. construyeron a través de la empresa Construcciones Alto Almanzora y el apoyo de los compradores siete viviendas unifamiliares que aún están por terminar en una zona próxima al Llano de los Olleres en suelo "no urbanizable" y "no autorizable", para lo que contaron con la dirección técnica y apoyo de otros dos arquitectos también procesados C.D.B.F. y A.G.F., quienes "tenían conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y carecía de licencia.
El fiscal defiende además que el entonces concejal de Urbanismo autorizó el suministro de energía y agua a las viviendas aunque "era consciente" de que no podía conceder dichas licencias dado que "ninguna tenía licencia de obras y aún menos de ocupación". Asimismo, señala que desde el Consistorio no se abrió expediente de disciplina urbanística o de restauración de la legalidad ante estos hechos.
En este sentido, la Fiscalía apunta a que "solo después de tener conocimiento de las diligencias iniciadas por la Unidad de Policía dependiente de la Consejería de Gobernación" el 9 de noviembre de 2004, se dictó por el Ayuntamiento de Albox una resolución de paralización de las mencionadas viviendas seis días después.
Ante estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión para cada uno de los promotores y arquitectos de las viviendas por un delito contra la ordenación del territorio, una multa de 20 euros al día durante 18 meses y una pena de inhabilitación para la construcción de entre seis y doce meses. Igualmente, interesa la demolición de lo construido, que asciende a 63.321 euros, y que se indemnice con arreglo a una tasación pericial a los compradores de las casas.
El juicio, en el que se han personado además como acusación particular los afectados por la compra de las viviendas, arrancó este miércoles y se extenderá hasta este viernes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería.