El Consell Assessor per la Transició Nacional (CATN) sostiene que una hipotética Catalunya independiente solo debería asumir parte de la deuda de España si el Gobierno central le compensa con una transferencia "proporcional" de bienes y derechos.
"Se considera que debe asumir la parte de esta deuda siempre y cuando se le compense con la transferencia de bienes en relación proporcional", ha explicado en rueda de prensa el presidente del CATN, Carles Viver Pi-Sunyer, tras entregar al Govern una nueva batería de informes.
Sin embargo, los asesores han descartado cuantificar en su informe qué parte de la deuda estatal debería asumir Catalunya ni con qué activos debería ser compensada, ya que, esgrimen, eso dependerá de como vayan las negociaciones entre gobiernos.
Tras reconocer que este tipo de distribución de activos y pasivos entre un nuevo Estado y su país de origen está "muy poco regulada en el derecho internacional", Pi-Sunyer ha señalado que en este tipo de negociaciones predomina por encima de todo la voluntad de los Estados implicados.
A la hora de hacer este reparto --que debería contar con la supervisión de organismos internacionales-- el CATN apuesta por que se tengan en cuenta aspectos como el porcentaje de población que supone Catalunya dentro de España, así como su peso económico en el PIB.
Además, Pi-Sunyer ha apuntado que a la hora de hacer el cálculo se podrían considerar otros factores como "el déficit fiscal" y los incumplimientos por parte del Gobierno central --como por ejemplo el Fondo de Competitividad--.
El informe argumenta que una Catalunya independiente debería asumir la deuda propia de la Generalitat, diputaciones, consejos comarcales, entidades metropolitanas y ayuntamientos catalanes, además de una parte de la deuda del Estado no territorializable --por ejemplo, la deuda de los Ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Justicia--.
En el caso de los bienes y activos de España a los que tendría derecho un nuevo Estado, se repartirían de forma proporcional y siguiendo el mismo modelo: todos los situados en Catalunya pasarían a ser suyos y los no territorializables --por ejemplo, reservas del Banco de España y los satélites-- en una cifra proporcional a la deuda no territorializable asumida.
Esta distribución de bienes también debe repercutir sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural, incluyendo la transferencia a Catalunya de todos aquellos archivos que hagan referencia a su territorio, que hayan sido elaborados por un catalán y los que sean necesarios para un buen funcionamiento de las instituciones y servicios públicos.
Este apartado incluiría todo tipo de bases de datos como, entre otros, las de hacienda, los censos electorales, el registro civil, los archivos de la Seguridad Social y los de la policía.