El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación de 45 de los más de cien imputados en el caso Gürtel, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, al apreciar indicios de once delitos para que sean juzgados por hechos de la "primera época" de la trama, desde 1999 a 2005.
El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que despieza la causa para el eventual juicio de estos 45 imputados por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
Entre los imputados a los que afecta este auto hay políticos y familiares, empresarios y miembros de la trama.
Además de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros dos extesoreros del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, se encuentran exalcaldes del PP de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el exconsejero y parlamentario autonómico de Madrid Alberto López Viejo, el exdiputado Jesús Merino, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote y el exedil de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas.
Asimismo, otros presuntos miembros de la trama, como su líder, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Iván Yáñez, Luis de Miguel y Jacobo Gordon.
En el auto el juez además ofrece acciones a los ayuntamientos de Madrid y de las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo por los posibles perjuicios sufridos y lo pone en conocimiento del PP al objeto de informarle de su derecho a personarse como partícipe a título lucrativo.
Explica que ello en relación a los hechos vinculados a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, que con su actuación pudieron generar un ilícito beneficio para la formación política cifrado en 236.864 euros.
El juez Pablo Ruz abre pieza separada para el eventual enjuiciamiento de 45 imputados, de los cuales 21 se sentarían una sola vez en el banquillo por los hechos de la pieza que ahora se desglosa. Las otras 24 personas siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.
Los hechos investigados en esta pieza que se dan por concluidos alcanzan los primeros seis años de la trama, aunque el juez señala que actuaron durante una década, y a operaciones en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona (Málaga).
El magistrado relata toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas y pagos de comisiones y a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.
Añade que a través de sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y la Hacienda esos beneficios ilícitos.
Esta nueva pieza lleva el nombre "primera época, 1999-2005" y refleja una serie de operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa en esos años y determinados hechos que se extienden a años posteriores.
El juez ha investigado además a través de 183 comisiones rogatorias todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir la expatriación de los fondos ilícitos acumulados.
Explica que hasta ahora lo más procedente era mantener la instrucción en único procedimiento pero indica que ahora corresponde desglosar la causa para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento.
Ello después del recorrido que ha seguido la investigación durante estos años ante varios instructores, todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 países y habiéndose resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas.
Para el juez resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, "posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa".
Ruz se apoya en doctrina fijada por el Tribunal Supremo en materia de delitos económicos para "escindir determinados hechos en una pieza separada" y evitar así efectos perniciosos como dilaciones indebidas o convertir la causa en un "macrojuicio inabarcable".
El auto del juez deja entrever que piezas posteriores se centrarán en los ayuntamientos madrileños de Boadilla, Arganda y Alcalá, así como en aquilatar algunos delitos fiscales y de la estructura completa del blanqueo de capitales.
