El Ministerio del Interior ha tramitado ya 916 expedientes de expulsión para otros tantos inmigrantes llegados en pateras y barcas de juguete a las playas de Cádiz entre el 4 y el 12 de agosto, cuando 1.409 personas alcanzaron la costa de Tarifa en 113 embarcaciones. De ellas, 543 han sido ya recluidos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su deportación.
Así lo ha explicado este martes en la Diputación Permanente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leopoldo Barreda de los Ríos, que tras oponerse a que el ministro del Interior, el presidente del Gobierno y la ministra de Empleo comparezcan en periodo extraordinario para informar sobre este asunto, ha proporcionado parte de la información que los grupos querían que ofrecieran estos responsables del Gobierno.
Según ha dicho, de los 1.409 migrantes que llegaron en esas fechas, 543 permanecen en diferentes centros de internamiento de la Península (donde pueden pasar máximo 60 días en espera de expulsión) y 546 han sido "confiadas" a diferentes ONG para su acogida también en distintos puntos del país.
En Tarifa quedan, según sus datos, actualizados a 25 de agosto, 340 personas de las que 90 han sido ya o van a ser trasladadas en las próximas horas a los CIE de Madrid y Barcelona, otras 78 van a pasar a acogida por ONG y siete han sido puestas en libertad, previo expediente de expulsión, "por tener recursos o familia en España", conforme ha apuntado. De los 168 restantes, 65 iban hoy a ser trasladados a comisaría para la tramitación de su expediente.
El diputado ha leído un balance que explica el incremento de las llegadas por mar en las dos primeras semanas de agosto por "el buen tiempo, que facilitó los intentos"; la "fuerte presión migratoria en puntos cercanos a Ceuta" y "el desplazamiento desde Melilla hacia Tánger por las dificultades de saltar la valla, de numerosos subsaharianos".
Para dar respuesta a esta situación, conforme ha apuntado, "a parte de la colaboración con Marruecos y con otros países africanos en muchos aspectos" se han desplegado "medidas específicas" entre las que ha citado el "despliegue de equipos policiales y asistenciales en primera línea de playa" para la asistencia a estas personas.
Además, la Policía Nacional habilitó un "centro especial" en Algeciras para agilizar los procedimientos y se centralizaron los expedientes en un juzgado de Tarifa.
A continuación, se reforzaron los efectivos policiales en las ciudades autónomas, con 75 policías más en Melilla y 60 en Ceuta, "además de 80 expertos en extranjería", según ha dicho. Se enviaron 200 guardias civiles a Melilla y 60 a Ceuta, que se sumaron a los módulos de intervención rápida ya existentes en las ciudades autónomas y Algeciras y al helicóptero con que cuenta Ceuta.
