La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), no ha sido exonerada en subvenciones de ayudas a la formación por parte de la Junta. Así lo afirma el responsable del IEDT, Ignacio Romaní, que critica "el descontrol de la Junta de Andalucía en sus políticas de formación a desempleados" y que "no descarta" emprender acciones legales contra la Administración andaluza.
En una nota de prensa, Romaní explica que "de los tres expedientes que la Junta dice que ha exonerado a la Diputación, dos se refieren al mismo proyecto, que además está justificado, por lo que la Junta ya empieza bastante mal en su control de ayudas".
En este sentido, señala que "de los expedientes que indica la Junta en su listado de exoneraciones, el correspondiente al proyecto de UPD III, (expediente CA/UPD/01/2009), fue liquidado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el año 2012, al ser presentado por el IEDT el 100 por 100 de la justificación, y el otro, el correspondiente a la subvención otorgada para el proyecto de Unidad de Promoción y Desarrollo IV Provincial de Cádiz, no ha podido ser exonerado porque la Diputación renunció a dicha subvención".
Por ello, el responsable del IEDT afirma que la Junta "lo que ha hecho es exonerarse a sí misma y no cumplir con uno de los requisitos, como es la verificación de las justificaciones", algo que a juicio de Romaní "es algo grave, porque deja ver a las claras que el control del dinero que reparte la Junta no es precisamente uno de los fuertes del Gobierno andaluz".
Romaní lamenta que la Junta de Andalucía "mienta" en un asunto así e "intente tapar la verdad de las exoneraciones a afines intentando manchar el nombre de otras administraciones que nadan tienen que ver".
Finalmente, añade que "si la Junta ha actuado de mala fe para implicar a otras organizaciones es algo grave, pero si lo ha hecho por desconocimiento y descontrol de sus cuentas, es incluso peor".